España es un país acomplejado
España no tiene una justicia especialmente valorada por sus ciudadanos. Estos reprochan a nuestros tribunales no ser especialmente independientes frente a dos tipos de influencias. En primer lugar, a la influencia política y, en segundo lugar, a la influencia económica. Parece que los españoles no valoren los cientos de casos en los que se ha investigado, enjuiciado y condenado a políticos. Así como tampoco los miles de casos en los que ciudadanos anónimos han recuperado las inversiones que habían hecho en productos financieros, sin haber tenido información previa y adecuada, lo que ha sucedido en los miles de casos resueltos durante los últimos años por el empleo de cláusulas abusivas en los contratos bancarios.
Es cierto que nuestro sistema judicial y democrático general es perfectible, por ejemplo, para construir barreras más sólidas que profundicen en la separación de poderes que ya define nuestro sistema. También que, en la era de la posverdad, lo más importante es el número de seguidores o el número de likes que tiene el autor de una información para que esta se considere veraz. Por desgracia, en nuestras propias filas abundan los mentecatos que, para tener un minuto de gloria, no reparan en denunciar una ausencia de independencia que, por supuesto, ellos nunca han padecido. A estos solo la crítica fácil y falsa les hace populares. La falta de reparo de los políticos para asaltar el Poder Judicial y esas críticas desmesuradas, son los dos elementos que han contribuido, en mayor medida, a esa mala imagen que asumen los ciudadanos sobre la independencia de nuestros tribunales.
Pero, con independencia de cuáles sean las causas, lo cierto es que nuestra administración de justicia no goza de una buena reputación.
Ahora bien, como ya he dicho en otro artículo de este mismo blog, lo cierto es que organismos internacionales, como es el grupo GRECO, han reconocido la independencia de los jueces y magistrados españoles, así como su extraordinario alto grado de preparación, honestidad y compromiso con su función.
Pues bien, el caso es que además de un bajo concepto de nuestra administración de justicia, tenemos un lamentable y ancestral complejo de inferioridad frente a lo europeo. No solo en relación a nuestros tribunales, sino en relación a toda nuestra nación, que va siendo hora que sustituyamos por un crítico y razonable orgullo patrio.
Ni somos mejores que otros ni somos especialmente peores. Es indudable que jueces hay de diferentes categorías y que los jueces españoles, aunque sólidamente preparados, no somos los mejores de Europa. Pero tampoco somos los peores y nuestra opinión hace años que se deja oír junto a la de anglosajones, daneses, alemanes, holandeses, noruegos, italianos, finlandeses o franceses.
Es indudable que los incidentes que se han producido como consecuencia de las euroórdenes libradas por el juez de instrucción del Tribunal Supremo, pueden ser debidos a una errónea interpretación de las normas, que acaso pueda ser imputada a la forma habitual de conducirse de los jueces españoles, pero lo que debería ser igualmente posible para el imaginario ciudadano es que dicho error pueda ser imputado a los jueces alemanes o a los belgas.
Partiendo de ese exagerado complejo de inferioridad, medios y políticos españoles, entre ellos el Ministro de Justicia, se han dedicado a resolver la duda, en sentido negativo, contra los tribunales españoles. Es el caso de la sentencia de “la manada”. Hay más ejemplos. La huelga convocada por las asociaciones judiciales durante esta semana también ha contribuido, por la forma de invocar algunas de las razones que la justificaban, sobre la falta de independencia de los jueces o la total ausencia de garantías de los procesos de nombramiento de altos cargos judiciales, a reafirmar esa percepción de desvalor de los ciudadanos sobre el sistema judicial y nuestra propia condición de jueces.
Es cierto que nosotros somos parte interesada, pero desde nuestras páginas hemos tratado de documentar, con varios artículos, que nuestros tribunales han cumplido de forma escrupulosa con los requisitos exigibles en uno y otro caso. Y también aspiramos a una mejora del sistema judicial y democrático español, con acento constructivo en la formulación de propuestas y sin bordear una lealtad institucional que consideramos una muestra más de compromiso y servicio debidos a los ciudadanos.
Regresando a la cuestión de la extradición de los investigados por delito de rebelión, por ejemplo, en nuestra opinión no era necesario que los tribunales alemanes entrarán a enjuiciar la intensidad de la violencia para conceder la euroorden, ni que los tribunales belgas buscarán órdenes nacionales innecesarias de acuerdo con nuestra legislación. No estoy afirmando que otros tribunales europeos hayan actuado incorrectamente, lo único que pido es que se trate de valorar técnicamente, de acuerdo con las normas de derecho unitario y de la jurisprudencia vinculante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quién no ha hecho su trabajo. Nosotros hemos expuesto nuestras razones. Entendemos que el secesionismo, desde un técnica de defensa de ruptura (Vergès), cargue contra nuestras instituciones, es coherente con su fanática lucha por su totalitaria opción política.
Pero, en conclusión y después de esas muestras sobre la proyección y percepción pública del trabajo de los jueces españoles en las que no quiero detenerme más, creo que mereceríamos mayor rigor de los medios de comunicación y, en especial, de los responsables políticos. No pedimos una adhesión incondicional a nuestra manera de entender nuestro trabajo o respecto de nuestra percepción sobre nuestra condición profesional. Por el contrario, exigimos una crítica técnica, dura o deferente, pero no acomplejada.
Va siendo hora que el Gobierno de este país, por extensión todos los ciudadanos y también los propios jueces, se sientan orgullosos de nuestro sistema judicial y de la defensa que a través de él se procura, todos los días, en asuntos grandes y pequeños, de nuestra democracia.
(Imagen: P. Cézanne, «Jugadores de cartas», Museo de Orsay)
Muy bueno, Luis.
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Buena parte de la culpa de esa imagen la tiene el propio CGPJ que percibimos como muy politizado, mientras que los jueces “de a pie” no tienen esa mala imagen, solo las cúpulas, a mi entender
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Lo que resulta crispante es que sea necesario justificar y “documentar que nuestros tribunales han cumplido de forma escrupulosa con los requisitos exigibles”
Haber dotado de puñetas digitales a la opinión pública es como darle un Colt 45 a un mono, no sabe cómo usarlo pero lo terminará disparando sin reparar en las consecuencias.
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