“Toda esta experiencia nos debería enseñar que desgastar el Estado de derecho degrada la convivencia; que prescindir de los marcos normativos es más propio de gobiernos autoritarios; que incumplir las leyes siempre supone la violación de derechos reconocidos a otras personas; que para salvaguardar los derechos de todos es imprescindible contar con un poder judicial independiente; y, en definitiva, que obviar el imperio de la ley menoscaba los pilares de nuestra democracia”.
“Los jueces no pueden hacer una interpretación de la Ley diferente en función de las circunstancias políticas del caso enjuiciado, ni tienen legitimación ni perspectiva para hacerlo. Ni los jueces no son elegidos en función de su ideología, ni los tribunales se componen en función de la pluralidad política de los ciudadanos, como sucede con las instituciones políticas del Estado. En un Estado democrático, las decisiones políticas se adoptan por instituciones representativas, no por los tribunales de justicia”.
“Si nadie menciona el servicio público de la legislación o el del gobierno, debemos preguntarnos cuál es la razón de la insistencia en utilizar el servicio público de la justicia”.
“el Estado de Derecho exige que los jueces sean y parezcan independientes, y eso solo es posible si el órgano que los nombra y asegura su independencia también parece que lo es por su desvinculación respecto de los demás poderes públicos”.
“(…) sería razonable que el legislador acometiera por fin una regulación más detallada de los requisitos para la concesión del indulto, limitando la discrecionalidad de los poderes públicos”.
” Que el Estado abdique de su obligación constitucional de satisfacer las pretensiones legítimas de cada ciudadano español de recibir educación en castellano – y no solo en la lengua cooficial que corresponda – es inadmisible”.
