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11S: El riesgo de la banalidad

“lo trascedente es siempre la defensa, intransigente e ineludible, de un elenco mínimo pero suficiente de compromisos jurídicos y éticos: los que sostienen a una sociedad democrática que quiera seguir siéndolo”.

La prisión provisional tras el dictado de sentencia en primera instancia

“la prisión provisional tras el dictado de la sentencia en primera instancia debe mantenerse cuando los hechos presentan elementos de gravedad, cuando la pena es de una duración considerable que llevan al pensamiento racional y proporcional de que el riesgo de fuga se mantiene intacto, ya sea porque no hay arraigo familiar o es débil, porque no haya arraigo laboral o es inconsistente o porque la persona condenada goce de una estructura familiar o económica capaz de permitirle vivir en otros paises”.

Juana no está en su casa

“Se consultó a peritos profesionales, se evaluó la capacidad de ambos progenitores, se exploró a los pequeños, se cuestionó la potestad parental de Francesco, pero la conclusión unánime de los juzgadores fue que no había impedimento para evitar la restitución, por lo que nada les hizo cuestionar lo que habían sentenciado ya, aunque fuere provisionalmente, los jueces de Cagliari. El pronunciamiento era claro, Juana tenía que entregar a los pequeños a su padre, que era el titular de la guarda”.

Derecho de defensa e interés del menor

“se debe recordar que, el proceso de familia, es dirigido de una manera predominante hacia la protección y bienestar del menor, por lo que todo aquello que atente contra su interés se sitúa en una escala de inferior relevancia en el combate jurídico”.

La verdad y la prudencia

“No hay tampoco por ello una opción o alternativa entre verdad y justicia; aquélla es el medio o elemento, uno de los esenciales, para alcanzar ésta. En principio, no hay contraposición o dilema entre verdad o justicia; es una sola verdad, bien que sujeta a la valoración de la prueba conforme a la “sana crítica”.

La desconfianza belga es infundada

“La decisión de la justicia belga de no ejecutar la orden europea de detención de los exconsellers fugados de España contiene una errónea aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El análisis de la doctrina del Tribunal evidencia que se ha producido una aplicación de la normativa comunitaria contraria a esa doctrina”.