Inmunidad parlamentaria y propaganda política

“La política no se ha judicializado, sino que unos políticos, eso sí, con una amplia representatividad, han querido imponer por la fuerza a los otros ciudadanos la autodeterminación como la solución a un conflicto político. Los tribunales han tenido que actuar, sobre esos hechos concretos, en garantía de los derechos de estos últimos”.

Supermartes

“Hemos demostrado nuestro compromiso con el juez profesional y con la defensa del orden constitucional y el Estado de Derecho en Cataluña; hemos conseguido promover iniciativas que en caso de cristalizarse supondrán el mayor aumento salarial para los jueces catalanes en los últimos años; y hemos estado presentes en la sociedad con la finalidad de prestigiar nuestra profesión y de hacer visibles nuestros problemas”

Tsunami antidemocrático

“De las instituciones se espera firmeza, de los representantes políticos prudencia y de los ciudadanos comprensión hacia el que está al otro lado.”.

Operación Toga

“un Estado democrático no puede permitir que de forma reiterada y generalizada se ataque sus instituciones. Protegerlas implica proteger los derechos de los ciudadanos que no piensan como sus atacantes, abandonarlas es abandonar a esa mayoría que quiere convivir en libertad y tranquilidad”.

El significado constitucional de la igualdad de sexos

“la verdadera igualdad entre sexos solo se alcanza con la ponderación efectiva de los méritos de los candidatos a un determinado cargo judicial, que debe estar siempre inspirada por la prudencia y la objetivación de las aptitudes de cada uno de ellos, considerando la especificad del puesto que deba ser dotado en cada caso”.

Los límites a la crítica de las resoluciones judiciales

En los últimos tiempos hemos tenido conocimiento de resoluciones judiciales que han suscitado una gran polémica en la opinión pública. Uno de los ejemplos más recientes y con mayor eco mediático ha sido probablemente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra recaída en el caso de “la manada”. Es por ello que, en este contexto, los operadores jurídicos hemos de plantearnos hasta qué punto es posible criticar las resoluciones emanadas de los órganos judiciales y cuáles son los límites de esa crítica.