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España es un país acomplejado

“Va siendo hora que el Gobierno de este país, por extensión todos los ciudadanos y también los propios jueces, se sientan orgullosos de nuestro sistema judicial y de la defensa que a través de él se procura, todos los días, en asuntos grandes y pequeños, de nuestra democracia”.

Pedimos el voto para APM y AJFV

“le concedemos una gran importancia a las elecciones que tendrán lugar la próxima semana para determinar la composición de los miembros de la Comisión de Ética Judicial”.

Conciliación laboral

“Todos estos atributos legales de la conciliación ante el LAJ, han contribuido a que en los últimos años haya aumentado de forma exponencial el número de conflictos laborales resueltos a través de la misma. Así, mientras en el año 2008 el porcentaje de asuntos resueltos por conciliación judicial era del 12,55%, en el año 2016 la proporción es de un 22,29%, según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial”.

Vetos invisibles a la práctica de prueba

“Estoy segura que, por lo menos una vez al año, los jueces se enfrentan a situaciones donde la víctima, el testigo o la parte no pueden acudir presencialmente al Juzgado por residir en otro país, pero sí están dispuestos a prestar declaración. A pesar de que la Unión Europea y nuestros legisladores han hecho una labor estupenda para regular la práctica de este tipo de pruebas en materia Civil y Penal, proporcionando herramientas fantásticas a través de la Red Judicial Europea y el Prontuario Judicial, en la práctica, me sigo encontrando con silencios, negativas u obstáculos constantes, es un veto invisible”.

Jueces especialistas

“(…) la complejidad de las relaciones jurídicas y la imposibilidad para cualquier profesional de mantener una formación al máximo nivel en todo el espectro de la normativa civil y mercantil, y la necesidad de dar mayor seguridad y certeza a las resoluciones judiciales, requiere avanzar en el diseño de especialidades”.

Ejecución civil: una asignatura pendiente

“(…) sinceramente creemos que ha llegado el momento de buscar soluciones que permitan no solo mejorar la eficiencia de la justicia, midiendo únicamente la duración de los procesos hasta llegar a sentencia, sino acabar también con los largos períodos de tramitación de las ejecuciones y, por supuesto, aumentar los bajísimos ratios de recuperación que hasta la fecha se obtienen de las mismas, unos índices muy alejados de los que serían deseables en una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra”.