Hay una justicia que grita y que ha dejado de ser escuchada. La devaluación del trabajo asalariado tras este largo tiempo de crisis económica, la pérdida de una buena parte del prestigio social de la función pública, la desconfianza en los poderes del Estado por la falta de ejemplaridad de algunos de sus titulares o la ausencia de inhibición ante el derecho, cada vez más generalizada, han precipitado ese tránsito que, tautológicamente, interviene para propagar esos males de manera geométrica. La salud democrática de un país se resquebraja cuando sus ciudadanos se conducen con indiferencia hacia sus propias instituciones, pero los conflictos se tornan peores cuando una parte sensible de quienes componen esas instituciones, las personas que deberían sostenerlas, se descuidan con gestos de tibieza y desaliento. Por eso es necesario preguntarse dónde arraiga el malestar de los jueces españoles y cuáles son los vicios adquiridos por nuestro sistema judicial. Se trata de cuestiones profundamente complejas de modo que, para el propósito de esta entrada, solo pueden ser enumeradas aquí como puntos generales.

Hay una justicia que ha dejado de ser escuchada porque ha olvidado la dimensión política de su condición. Una parte de los jueces españoles desempeñan su labor diaria con una sola conciencia de empleado por cuenta ajena, de forma asimilada a cualquier otro funcionario público. Ciertamente, esa es una de las acepciones que permiten explicar el desempeño profesional de un juez y que tienen que ver con las condiciones en las que presta su trabajo, que son mejorables. Pero cuando el juez obvia la especificidad constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional que cumple, se ubica en un plano inclinado que recurrentemente le empuja a desatender la vocación de servicio que, como sembrador de concordia, solo él puede desarrollar. Entonces es fácil dejarse vencer por el cansancio o la apatía ante los problemas diarios o la falta de reconocimiento económico y social. A su vez, sensación acusada entre las generaciones más modernas, se diluyen el umbral de esfuerzo o la necesaria implicación personal en la defensa del sistema, mientras se agudiza la sensibilidad para percibir como lacerante una situación laboral que, al menos, participa de dificultades muy próximas a las que afrontan habitualmente el resto de los ciudadanos.

Hay una justicia que ha olvidado la dimensión política de su condición porque ha sido descuidada durante largo tiempo. No se trata solo de acentuar aquí la falta de dotación de medios materiales cuando, de forma reconocida, las oficinas judiciales se encuentran desprovistas de las inversiones que sí se destinan a otras administraciones públicas. Es acuciante la necesidad de incorporación de recursos tecnológicos que, por ejemplo, ya son de universal acceso doméstico. Tampoco bastaría con denunciar, abundando con otros ejemplos, la inadecuada cualificación de muchos de los profesionales que las integran, asociada a habituales situaciones de interinidad como resultado de procesos de selección en los que se emplean dudosos criterios de reciclaje profesional, ante la ausencia de incentivos económicos para atraer y consolidar a trabajadores más versados en las labores que resultarían verdaderamente necesarias para auxiliar al juez en su tarea. La descentralización autonómica de las competencias asociadas a esas materias convierte esa problemática en aparentemente irresoluble. Del mismo modo, las herramientas legales que se ponen al servicio del juez -la organización o los procesos- adolecen de claras faltas de método, conservando soluciones atávicas que ya se han probado ineficientes pero que perduran como patologías crónicas. Todos esos factores hacen del desempeño de la función jurisdiccional algo menos valioso y creíble de lo que debería ser. Por el contrario, dejando a un lado lo que parece más evidente, pretendo señalar aquí que nuestra democracia ha sido hasta ahora incapaz de ubicar el derecho y su protección, el deber de conducirse con arreglo a un deber, en el centro de las cosas que le son más indispensables para perseverar en sus fines. Los españoles adolecemos de un relato moral útil: quizá hemos olvidado contemplarnos a nosotros mismos para cuestionarnos, para medirnos con las luces y sombras de las que está hecha nuestra historia y ahora sufrimos las consecuencias de nuestra consentida desafección. El espinoso asunto catalán resulta paradigmático a estos efectos. En los momentos de mayor zozobra social, solo la residual capacidad del Estado para hacer cumplir la Ley, haciendo prevalecer sus instituciones como fermento del orden social que permite que sean reconocidos los derechos de todos, se ha probado como la única solución posible. Pero solo el abandono y la tardanza de un Estado descreído de si mismo explican la dimensión que ha alcanzado este conflicto.

Hay una justicia que ha sido descuidada durante largo tiempo porque el diseño del gobierno judicial es ineficiente. El sistema judicial no está dotado de capacidad suficiente para su autotutela económica, administrativa o reglamentaria, de modo que una buena parte de los esfuerzos en la gestión del sistema son ineficaces. Esto se proyecta también sobre el trabajo diario de los jueces, puede verse en el extremo de que cada vez se encuentran orgánica y funcionalmente más alejados de la dirección formal y material de sus respectivos juzgados, por más de que sean quienes ostentan la jurisdicción que emana de esos órganos. Por lo demás, cuántas veces el único saldo útil de las funciones de gobierno judicial se resume en la provisión de cargos judiciales de designación discrecional, mientras se descuida de manera impasible lo que debería resultar verdaderamente importante.

Hay una justicia dotada de un gobierno ineficiente porque las asociaciones judiciales no siempre cooperan con él de forma apropiada para la promoción y defensa del prestigio, independencia y autonomía del Poder Judicial. Por el contrario, mientras son incapaces de articular propuestas comunes en asuntos indubitadamente transversales, como sucede con la reforma de nuestro régimen retributivo, se han dado recientemente a un discurso unitario que, por aquella estéril razón, se torna en meramente retórico, aunque ya ha logrado desfigurar la parte más sensible de su identidad. Demasiadas veces esa voz única se ha prestado de manera insensata para el enfrentamiento improductivo con el CGPJ, ya fuera por el motivo de un auténtico desmán o por cualquier excusa tácticamente hipertrofiada. Todo de una forma mediante la que nada conveniente se procura, puesto que poco suele proponerse mientras se lamina la confianza de los jueces en las instituciones que les son más inmediatas. Curiosamente, esa desconfianza se torna después en detrimento de las propias asociaciones judiciales, puesto que la mayoría de los miembros del Poder Judicial no forman parte de ninguna de ellas. Esa masa informe de jueces no asociados, que reniega de la falta de transparencia de los mecanismos para la participación en órganos de gobierno judicial, pero que muy raramente compromete el sacrificio personal que supone implicarse en la mejora de las cosas.

También hay una Justicia, mayúscula, que se pide a gritos. La de quienes quieren servirse del sistema judicial para arrojarlo contra las élites. Se trata de corrientes ideológicas de inspiración demagógica, nítidamente articuladas con fines políticos y que ya han logrado penetrar en la carrera judicial. Estos arrastran siempre palabras graves, que detonan en forma de pesados juicios de valor frente a quienes desfiguran como enemigos para ganar la clientela de los jueces más descontentos, que tal vez acabarán por justificar el discurso derogatorio con el que, visiblemente, los primeros solo pretenden auparse a los lugares de gobierno.

La justicia española es el reflejo de la España que somos. Y es bueno que así sea. Porque son más, muchos más, los jueces que desempeñan su función de forma laboriosa, reñida con la complacencia y consciente de su dimensión esencial para el Estado. De todos esos jueces depende, por responsabilidad, alcanzar una proyección suficiente en la carrera judicial. Para que sean perceptibles su mérito y capacidad. Para poder influir, por su prestigio, en los centros de toma de decisiones que pueden procurar la mejora del sistema judicial en nuestro país. Para hacerse merecedores de la amistad y confianza de los ciudadanos.

Hay una justicia que grita, pero también hay otra justicia que debe ser escuchada de manera inaplazable.

(Foto: A. Bronzino, “Venus, Cupido, la Locura y el Tiempo”, National Gallery, Londres)