«Tanto los juzgados como las audiencias desestiman la comisión en buena parte de las ocasiones debido a la necesidad de no obviar que suele tratarse de situaciones de desavenencias en el ámbito de crisis familiares, y por lo tanto el cauce más idóneo para su resolución debe ser el proceso civil».
«Pretender que los Tribunales controlen los aspectos sustantivos de una decisión política contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas. Al desprestigio de los Tribunales, al pedirles una función que les resulta impropia y al desprestigio de las Cortes, a las que corresponde al control de los actos políticos del Gobierno».
«La primera de todas, debe ser la regulación de las conocidas como “puertas giratorias” para determinados cargos de relevancia en el Ministerio Fiscal y, muy especialmente, para la elección de quien ocupa la cúspide de nuestra Carrera, esto es; el Fiscal General del Estado».
«Los jueces no pueden hacer una interpretación de la Ley diferente en función de las circunstancias políticas del caso enjuiciado, ni tienen legitimación ni perspectiva para hacerlo. Ni los jueces no son elegidos en función de su ideología, ni los tribunales se componen en función de la pluralidad política de los ciudadanos, como sucede con las instituciones políticas del Estado. En un Estado democrático, las decisiones políticas se adoptan por instituciones representativas, no por los tribunales de justicia».
«Es sorprendente que en un momento de crisis sanitaria y económica tamaño XXL, el Ministerio de Justicia se lance a un objetivo de esta envergadura con un horizonte plagado de amenazas de ruina».
«La política no se ha judicializado, sino que unos políticos, eso sí, con una amplia representatividad, han querido imponer por la fuerza a los otros ciudadanos la autodeterminación como la solución a un conflicto político. Los tribunales han tenido que actuar, sobre esos hechos concretos, en garantía de los derechos de estos últimos».
La clave judicial 