Magistrado. Audiencia Provincial de Barcelona, sección mercantil. Miembro de la sección territorial Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura.
«Pretender que los Tribunales controlen los aspectos sustantivos de una decisión política contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas. Al desprestigio de los Tribunales, al pedirles una función que les resulta impropia y al desprestigio de las Cortes, a las que corresponde al control de los actos políticos del Gobierno».
«Los jueces no pueden hacer una interpretación de la Ley diferente en función de las circunstancias políticas del caso enjuiciado, ni tienen legitimación ni perspectiva para hacerlo. Ni los jueces no son elegidos en función de su ideología, ni los tribunales se componen en función de la pluralidad política de los ciudadanos, como sucede con las instituciones políticas del Estado. En un Estado democrático, las decisiones políticas se adoptan por instituciones representativas, no por los tribunales de justicia».
«El Rey, no solo es el jefe del Estado, sino que representa su unidad y permanencia, por eso los jueces administramos justicia en su nombre. Es un símbolo de nuestra independencia de los otros poderes del Estado, del ejecutivo y del legislativo. Por eso los jueces, además de jurar guardar y hacer guardar la Constitución, juramos lealtad a la Corona».
«La renovación del Consejo es un problema permanente de nuestra democracia. En esta elección se entrecruzan muchos intereses. Unos son políticos, ya que afortunadamente hay diferentes formas de entender el gobierno de los jueces y la política judicial, y otros responden a ambiciones partidistas o personales, unas legítimas y otras espurias».
«La política no se ha judicializado, sino que unos políticos, eso sí, con una amplia representatividad, han querido imponer por la fuerza a los otros ciudadanos la autodeterminación como la solución a un conflicto político. Los tribunales han tenido que actuar, sobre esos hechos concretos, en garantía de los derechos de estos últimos».
«un Estado democrático no puede permitir que de forma reiterada y generalizada se ataque sus instituciones. Protegerlas implica proteger los derechos de los ciudadanos que no piensan como sus atacantes, abandonarlas es abandonar a esa mayoría que quiere convivir en libertad y tranquilidad».
La clave judicial 