Sr. Ministro: sobre la renovación del CGPJ

Sr. Ministro, enhorabuena por su nombramiento. Espero, por lo que nos afecta, que su gestión sea exitosa. El primero de los problemas que deberá abordar es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el mandato de cuyos miembros se encuentra caducado, aunque siguen en su puesto por responsabilidad institucional.

La renovación del Consejo es un problema permanente de nuestra democracia. En esta elección se entrecruzan muchos intereses. Unos son políticos, ya que afortunadamente hay diferentes formas de entender el gobierno de los jueces y la política judicial, y otros responden a ambiciones partidistas o personales, unas legítimas y otras espurias.

Es importante recordar, ya que muchas veces se olvida, que el Consejo, es un órgano de gobierno del poder judicial, pero no es poder judicial, el cual  reside en los jueces cuando, solos o como miembros de un tribunal, ejercen la jurisdicción. Por lo tanto, el Consejo en tanto órgano de gobierno es un órgano político, aunque no partidista, que ha de responder a la pluralidad de nuestra sociedad.

El objetivo primordial del Consejo es constituirse en garantía de la independencia de los tribunales. Debe amparar a los jueces cuando su independencia se vea comprometida, defender enérgicamente su estatuto, excluir de su actuación disciplinaria toda sombra de persecución política, pero exigir con contundencia su responsabilidad, como reverso de esa independencia, y, por fin, promover a los miembros de la carrera judicial en función de su capacidad y mérito, sin incurrir en discriminación alguna. El ejercicio de estas funciones, como hemos dicho, ha de ser discrecional, puesto que hay diferentes formas, perfectamente legítimas, de ejercer esas funciones de gobierno. Sin embargo, aunque el órgano ha de ser plural, sus vocales han de actuar de forma independiente frente a las tres principales fuentes de posibles influencias sobre los jueces, los partidos políticos, los grupos económicos y la propia corporación.

Por lo tanto, el proceso debería estar destinado a buscar juristas y jueces, que representen esa pluralidad ideológica, pero que sean capaces de defender, olvidando el origen de su nombramiento, la independencia judicial.

Sr. Ministro, usted tendrá que reanudar el camino en el lugar donde se interrumpió abruptamente, por la indiscreción de un senador que puso al descubierto las vergüenzas del sistema, en las que, por obvias, no es necesarios entrar.

Pues bien, reanudemos el sistema, pero cambiemos su práctica. El Senado y el Congreso, según la Ley Orgánica, han de elegir los veinte vocales, ocho juristas y doce jueces. En primer lugar, es imprescindible que los partidos políticos renuncien a elegir al presidente del Consejo, este debe de ser elegido, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Le propongo, en segundo lugar,  la creación de una comisión de calificación de los candidatos judiciales, que luego sean votados por las cámaras. No soy el único en proponer esta opción.

Traslade de esta forma una parte de la discusión a la comisión de elección de los candidatos. Esa comisión debería, primero, definir el perfil general de los candidatos, para excluir a los que tengan una carrera más política que judicial; segundo, escuchar a esos candidatos en una audiencia pública sobre su currículo y su programa de gobierno; y, tercero, elegir a los que se adapten mejor a aquel perfil predefinido. De esta forma, ni las asociaciones ni los propios candidatos tendrían que buscar el apoyo de los partidos políticos.

Es cierto que ello puede desplazar el problema a la comisión, es decir, que la lucha sea por nombrar a los miembros de la comisión, pero creo que hay mecanismos para reducir ese riesgo.

La comisión podría tener, por ejemplo, seis miembros y un presidente. Todos los  miembros de la comisión deberían de ser personas que en su vida profesional se han ocupado de la administración de justicia. No deberían ser miembros activos de ningún partido político, ni de ninguna asociación judicial, lo que no excluye a quienes lo hayan sido, siempre que hayan dejado su actividad hace más de tres años. Podrían elegirse entre los miembros de instituciones tan reputadas como el Consejo de Estado. Algunos otros podrían ser propuestos por las organizaciones nacionales de los Colegios Profesionales (Abogados y Procuradores), por las propias asociaciones judiciales, fiscales o letrados de la administración de justicia, por el Consejo saliente, o por el Consejo Fiscal. Por ejemplo, de esa forma se podrían elegir tres candidatos por plaza, formar tres grupos según quien hiciera la propuesta, partidos políticos, corporaciones y asociaciones, y la composición definitiva ser resultado de un sorteo entre los propuestos en cada grupo. Sus miembros elegirían un presidente y deberían motivar individualmente todas sus propuestas de nombramiento entre los candidatos judiciales. De esta forma se “cortocircuitaría” cualquier influencia política entre los vocales judiciales, los partidos políticos y las asociaciones judiciales. Se evitaría colonizar políticamente y corporativizar el Consejo.

En todo caso, la composición de la comisión es solo una propuesta, pero creo que su constitución es algo necesario, siempre que quieran reforzar una institución maltrecha.

Lo que no funcionará, Sr. Ministro, es que usted se reúna reservadamente con el secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, para pactar nuevamente las cuotas de cada uno en el futuro Consejo. Parece que no hayamos avanzado nada desde que A. Hamilton advirtió que, en ese tipo de nombramientos por cuotas, “la coalición dependerá ordinariamente de que se obtenga a cambio algo de interés: dadnos para este puesto al hombre que queremos y tendréis al que deseáis para ese otro. Condiciones como éstas serán las que gobiernen generalmente la transacción. Y rara vez ocurrirá que el beneficio del servicio público sea el objetivo primordial de las victorias de los partidos ni de las negociaciones que celebren” (El Federalista 76, octubre de 1787 y agosto de 1788).

Imagen: Paul Klee, El globo, 1926

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