Los jueces y fiscales catalanes estaremos hoy al servicio de las decenas de miles de ciudadanos que se manifestarán en las calles de Cataluña contra la existencia de “presos políticos” en nuestro país y por la libertad de expresión. Al igual que hasta ahora, hoy asumiremos nuestra condición de garantes de la convivencia pacífica entre iguales, del respeto a los derechos civiles y libertades públicas de todos y, también, de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y lo haremos con observancia de un elemental deber de neutralidad política y con un escrupuloso respeto hacia el complejo nudo de emociones que conducirán a esos ciudadanos a manifestarse en el espacio público.

Si asumimos con naturalidad ese compromiso, lo hacemos porque nuestro sistema constitucional es decididamente militante de las libertades de todos. Por eso nuestro sistema de convivencia, asentado sobre la dignidad de la persona humana, reconoce un elenco de derechos y libertades que después colma de garantías, todo en coherencia con el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno occidental y democrático. Nosotros formamos parte de ese sistema de garantías. Sin embargo, nuestra Constitución exige muy poco a cambio de todo eso. Nuestro sistema constitucional no reclama para sí mismo la militancia de los ciudadanos, antes lo contrario, preserva su libertad para discrepar de todo lo anterior. Por todo eso, contraponer los conceptos de democracia y Constitución es un terrible error. O un decidido y deformado intento de socavar los instrumentos que hacen posible la convivencia.

Los jueces y fiscales catalanes asistimos con preocupación a esta festividad nacional de Cataluña en la que, nuevamente y de forma bien visible, el Govern de Cataluña ha resuelto no asumir su condición compartida de garante de los derechos de todos los ciudadanos catalanes, ha quebrado con la debida neutralidad y moderación en el desempeño de sus atribuciones y ha instrumentalizado al servicio de sus propios intereses políticos lo que debiera ser una jornada festiva, exacerbando los sentimientos de una parte de la ciudadanía catalana y negando esa misma condición al resto de los ciudadanos, que hoy serán expulsados del espacio público.

En efecto, en el día de hoy miles de catalanes han sido llamados a tomar la calle para exigir la libertad de los “presos políticos” y reivindicar el respeto a la libertad de expresión. Frente a eso, de forma persistente y paciente, los jueces y fiscales catalanes debemos recordar que ni en nuestro país existen presos políticos ni la libertad de expresión se encuentra ante ninguna encrucijada.

Como recordó ayer el presidente del Tribunal Supremo en su discurso de apertura del año judicial, España responde al desafío secesionista a través de sus instituciones y de acuerdo con un elenco de certezas previas: aquellos derechos, aquellas libertades, aquellas garantías. Sin embargo, por más que la Constitución no exija esa militancia a la que aludimos, no puede pretenderse que el sistema constitucional español reniegue de defenderse a sí mismo de quienes le agreden de forma especialmente grave. Porque las consecuencias de esa indolencia solo supondrían la dilución de los derechos, de las libertades, de las garantías que nos asisten a todos.

En las últimas jornadas, un destacado miembro del Gobierno de España señalaba que la existencia de “políticos presos” dificultaba la solución dialogada al conflicto catalán. Lo que los jueces y fiscales catalanes tememos también es que estemos asistiendo a una sobreexposición del sistema judicial, como si se tratara de construir, para el imaginario popular, un escenario idóneo donde el protagonismo que se concede a los jueces y fiscales se confunda con el objeto de su actuación profesional, de manera que la “judicialización del procés” pueda quedar reducida a una cuestión de mero pulso personal de algunos funcionarios conservadores frente a personajes extravagantes y algo resbaladizos. Ante ese escenario, quizá la equidistancia o la inacción política y jurídica podrían presentarse como respuestas justificadas y razonables. Podría parecer entonces igualmente oportuno relajar la observancia de algunas normas para alcanzar una suerte de paz social en Cataluña, haciendo ver que la judicialización del conflicto catalán resultó un interés desproporcionado y ajeno a las necesidades de todos. Es una hipótesis. En cualquier caso, lo que los ciudadanos catalanes tienen derecho a saber es que los jueces y fiscales solo servimos nuestros destinos profesionales de la manera en que es exigible que lo hagamos: con sujeción a la Ley y de forma independiente, imparcial y responsable.

Hannah Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para referirse a las consecuencias inevitables de un sistema de convivencia degradado, que de forma perpleja puede llegar a justificar actos de cualquier clase. Para evitar eso, lo trascedente es siempre la defensa, intransigente e ineludible, de un elenco mínimo pero suficiente de compromisos jurídicos y éticos: los que sostienen a una sociedad democrática que quiera seguir siéndolo. La defensa de la neutralidad política de las instituciones, de los derechos y libertades de todos los ciudadanos catalanes, de la independencia de jueces y fiscales o de la soberanía jurisdiccional española, no deberían considerarse nunca algo banal y sujeto a exigencias de mera oportunidad política, pues en eso nos va a todos la supervivencia de nuestra democracia.

(Fotografía: RTVE, La Diada de Cataluña se convierte en un grito a favor del referéndum)