En el libro “De vidas ajenas”, Emmanuel Carrère narra, mezclando novela con reportaje periodístico, la historia de dos jueces franceses unidos por su profesión y por algo más íntimo y a su vez desgraciado, la enfermedad que ambos padecen. Los magistrados ejercen en el Tribunal de primera instancia de Vienne en casos de sobreendeudamiento, encargándose de aquellos asuntos en que la persona física se encuentra casi desahuciada, en condiciones de no poder afrontar sus deudas. Subyace, en consecuencia, una voluntad de resaltar la importancia de la figura del juez frente a los abusos de determinadas entidades financieras y en definitiva, como protector del más débil.

Como personas, ambos protagonistas sufren un cáncer, convirtiéndose así la enfermedad, íntimamente ligada con la muerte, en uno de los temas principales del libro, sin que se pueda separar al juez de la persona, al profesional del individuo que vive en sociedad, garante de los derechos de sus conciudadanos, pero expuesto a los mismos problemas que estos.

La muerte, a su vez, aparece no solo narrada desde un aspecto estrictamente individual, más íntimo, sino también desde una perspectiva colectiva, puesto que el punto de partida del libro se sitúa en el tsunami que asoló, con efectos devastadores, el sudeste asiático a finales del año 2004, recordándonos a todos lo que deja tras de sí un maremoto, destrucción y desolación.

Y resulta importante recordar las consecuencias que deja tras de sí un tsunami, habida cuenta de uno de los lemas que ha utilizado el independentismo catalán como respuesta a la sentencia del llamado juicio del “procés”, “el tsunami democrático”.

En esta línea, una de las señas de identidad del movimiento independentista ha sido el intento de apropiación del lenguaje, haciendo suyas determinadas palabras y dándoles un significado completamente diferente al usual. Así sucede, por ejemplo, con la expresión “presos políticos”, a la que ha dotado de un significado completamente diferente al comúnmente aceptado, de tal manera que cualquier discusión para explicarles de que se trataba de políticos en prisión preventiva por sus hechos y no por sus ideas, se convertía en un ejercicio estéril, en tanto el debate partía de bases completamente diferentes y alejadas.

Sin embargo, esta vez, creo que han acertado plenamente en la expresión escogida porque, como ya he mencionado, todo tsunami deja tras la ola, un rastro de destrucción y desolación. En este caso, lo que se pretende destruir no es otra cosa que los pilares sobre los que se asienta nuestra propia democracia.

La publicación de la sentencia del “juicio del procés” ha servido como excusa para la comisión durante los últimos días de todo tipo de actos violentos por el sector más radical del independentismo. Los altercados han sido gravísimos y solo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha evitado tener que lamentar males mayores. Por ello se impone como obligación agradecer su esfuerzo, porque su intervención ha servido como dique de contención frente a los violentos y su barbarie.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que no es difícil encontrar una respuesta. Desde este blog hemos venido advirtiendo del riesgo que suponía el desprecio de la ley, el acoso a jueces, el deterioro de la convivencia, etc. (aquí). El independentismo, por el contrario, ha defendido que el Estado de Derecho no estaba por encima de la democracia o que ningún juez podía ir en contra de la voluntad del “pueblo catalán”. Nadie debería ser engañado por frases tan vacías de contenido. Respecto de la primera, porque la democracia no puede existir sin Estado de Derecho ya que, como afirmaba Rousseau, «es solo a la ley a lo que el hombre debe la justicia y la libertad». En relación a la segunda, porque, tal y como señala el artículo 117.1 de la Constitución Española, la justicia emana del pueblo, pero son los jueces, en nombre del rey, quienes se encargan de administrarla.

De esta forma, el camino seguido por el independentismo despreciando los pilares básicos del Estado de Derecho solo podía desembocar en un sitio, aquel lugar donde las leyes son obviadas y los jueces cuestionados, donde los derechos de parte de los ciudadanos son pisoteados en nombre de peligrosas voluntades populares, o donde las libertades son directamente aplastadas por los violentos. Cuando se mira hacia otro lado lo que sucede es que el mal se acaba colando entre las rendijas.

Por ello frente a ese mal es necesario reivindicar -una vez más y todas las que sean necesarias – el Estado de Derecho en mayúsculas como remedio y antídoto de la enfermedad; el Estado de Derecho como espacio de derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos; en definitiva, el Estado de Derecho como lugar común de convivencia frente al odio irracional de tanta gente, que lo único que ha demostrado es no soportar las consecuencias de su normal funcionamiento, la aplicación de sus leyes y la actuación de sus tribunales, donde sus magistrados ejercen con sujeción a aquello que nos hace verdaderamente libres y nos protege frente a injustos abusos, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

No dejemos que la enfermedad se extienda, que el odio envenene la sociedad, que la ira se esparza por las calles, ni que los violentos impongan su ley. De las instituciones se espera firmeza, de los representantes políticos prudencia y de los ciudadanos comprensión hacia el que está al otro lado. Pero es obligación de todos tratar la enfermedad, no solo nos jugamos la pervivencia del Estado de Derecho, sino también nuestra pacífica convivencia.

(John Martin, La destrucción de Tyre)