Este blog nació para cooperar, según nuestras modestas posibilidades, con la reforma del sistema judicial y democrático español, fomentando la confianza en el derecho y en las instituciones judiciales. Para eso no solo debemos permanecer atentos a la actualidad del Poder Judicial en España, sino que también debemos acompañar la tarea de los órganos a los que les atañe tomar las decisiones en materia de gobierno judicial. Por eso le concedemos una gran importancia a las elecciones que tendrán lugar la próxima semana para determinar la composición de los miembros de la Comisión de Ética Judicial.

Nosotros pedimos el voto para los miembros de la candidatura conjunta de las asociaciones APM y AJFV: Ignacio Sancho Gargallo, Teresa García Villanueva, Gonzalo Sancho Cerdá y Eduardo López Causapé.

Creemos en la capacidad de los integrantes de esa candidatura para afrontar de forma eficaz el desempeño del cargo para el que se postulan. Sus méritos están suficientemente acreditados, creemos que por añadidura, en los perfiles profesionales publicados a través de la web del CGPJ. Eso no nos impide reconocer -con agradecimiento- el mérito de otros candidatos, especialmente de aquellos que se han postulado para el proceso a título individual, visiblemente llevados por un compromiso personal que, por generosidad, quieren compartir con el resto de jueces españoles. Pero nuestro apoyo a esa candidatura asociativa también es un decidido rechazo a la posibilidad de que esa Comisión, que tiene por objeto desarrollar un cometido de gran trascendencia para nuestro sistema judicial, sea un mero instrumento para que los miembros de otra candidatura, de inspiración nítidamente demagógica, vean por fin satisfecha su nunca confesada aspiración de culminar su perenne escalada hasta los puestos de decisión y gobierno.

Durante los últimos años mucho se ha hablado de la independencia de los jueces y poco sobre la necesidad de que se doten de un código deontológico. Esa ha sido una advertencia reiterada, entre otros, por el informe GRECO. Produce sonrojo comprobar cómo, quienes tanto han hablado sobre la elección de Vocales del CGPJ o de la provisión de altas magistraturas, solo han salido al paso de esas otras advertencias para silenciarlas, cuando no para oponerse furiosamente a que los jueces españoles nos dotáramos de un código ético. Nada les ha importado degradar esa necesidad, deformando su naturaleza y fines, para hacerla más o menos oportuna para su discurso más recurrente: porque solo les importa desarrollar una carrera gubernativa, nos han contado que la adopción de un código ético intervendría como una herramienta disciplinaria y de coacción, porque creen que eso es lo que queremos escuchar y así ganarán nuestro apoyo. Pretenden cautivarnos con un discurso oportunista y ambiguo. Pero ningún obstáculo encuentran ahora para concurrir al proceso electoral. Sea cual sea el resultado de ese proceso, se les debe ya reconocer un notable grado de éxito: han impuesto un relato. Por eso todas las candidaturas y candidatos se afanan, en mayor o menor medida, a salir al paso de la dimensión disciplinaria de ese futuro código, a relacionar su discusión y promulgación de manera casi exclusiva con las fórmulas para la provisión de cargos gubernativos o, incluso, a condicionar la pertinencia de la redacción de ese código en el contexto de las actuales reivindicaciones salariales de la carrera judicial.

La estrategia ha sido probada muchas veces en muchas otras partes: se trata de darse con tesón a hilvanar un discurso que solo traiga para sus destinatarios un sentimiento de pertenencia a un grupo a través de conceptos grandes, aglutinadores y poco exigentes en el plano personal. Conceptos que les seduzcan, que les disuadan de emplear su espíritu crítico para discriminar celosamente la información que reciben. Conceptos que entrañen un claro juicio de desvalor para con el resto de los interlocutores posibles, que siempre han de quedar desacreditados para un nuevo imaginario colectivo por cualquier razón grande o pequeña, de manera justa o injusta. Hacen descender sus pesados juicios de valor sobre cualquiera, especialmente si conviene destruir alguna de las legítimas aspiraciones de un potencial contrincante. No son otra cosa que nuevos inquisidores, nuevos puritanos.

Nuestra adhesión a esa candidatura asociativa no es acrítica. Es más, consideramos que la sola manera en que se ha diseñado su composición final, cuando no ha sido posible consumar un consenso asociativo más amplio que parecía anunciado -pese a que no nos reconocemos en él- por la defectuosa constitución formal de la candidatura para el proceso, la renuncia de sus miembros a un debate abierto y de contraste especialmente frente a las candidaturas populistas y la renuente actitud de las dos asociaciones judiciales que las patrocinan a apoyarlas de una forma más explícita, evidencian un preocupante grado de desgaste de nuestro sistema de participación a través de asociaciones judiciales. Los partidos en los que se salta al campo de juego con la predisposición de obtener una ventaja corta o incluso de empatar decorosamente, se acostumbran a perder. Sin embargo, nosotros seguimos confiando en que las asociaciones judiciales son el cauce óptimo para la discusión y reflexión compartidas y para la toma de decisiones de manera deliberativa, como herramientas aptas para extraer lo mejor de lo que somos capaces y ser solidarios con las inquietudes de todos. Y entendemos que nada de eso tiene que ver con expresiones como “un juez, un voto”, que quedan vacías de todo sentido si de una forma de participación entre las posibles se hace una finalidad en sí misma, lo que nos asimila con espectros ideológicos a los que no deberíamos nunca tratar de parecernos.

Entendemos que muchos de los jueces que lean esta reflexión considerarán que su indiferencia, apatía o la banalización de lo que se decide la próxima semana son justo castigo para que las asociaciones judiciales afronten, de una vez por todas, su necesaria renovación. Quizá, en otras circunstancias, algunos de nosotros podríamos llegar a compartir esa inclinación. Pero hoy hay motivos justificados para rechazarlas de plano. El momento de la España constitucional es muy grave y no necesitamos más gestos de irresponsabilidad desde los poderes públicos, como sucede con los discursos de los que solo insisten en trasladar a la ciudadanía mensajes para el desprestigio del Poder Judicial. Necesitamos jueces prudentes y de trayectoria profesional contrastada para esa Comisión.

Nosotros votaremos a favor de una justicia que merece ser escuchada. Solicitamos para esos candidatos el mayor respaldo posible, de modo que puedan desempeñar su papel de forma audaz, comprometida y con gran claridad. También votaremos contra otra justicia que acostumbra a gritar mucho: porque lo hace interesadamente y porque se encuentra en ciernes de imprimir su sello en el documento que deberá explicar a los jueces -y a los ciudadanos españoles- qué sistema judicial debemos construir para afrontar el futuro de nuestro país.

Los jueces españoles votarán la próxima semana. Creemos que eso no supone ejercer un derecho, sino asumir un gran compromiso público.

(Imagen: W. Hoghart, «The Polling», Sir John Soane’s Museum, Londres)