«Hace algunas semanas se dio a conocer la creación en Cataluña de una nueva asociación judicial, Ágora Judicial (…) ¿Es esta nueva asociación de jueces un mero instrumento al servicio de los partidarios de la independencia catalana? (…) afirmo que su voz entraña el grave peligro de confundir a la ciudadanía en un momento en el que, de forma indispensable, se le debe trasladar un mensaje muy claro de confianza en sus instituciones».
«(…) Por tanto, no es evidente que de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo se desprenda que el artículo 3 del Protocolo 1 haya sido vulnerado en el caso Puigdemont, ni que el Tribunal Constitucional la desconozca o se equivoque».
«(…) El modelo instaurado en 1978 es extrañísimo (único) a nivel de Derecho comparado y sus fundamentos, basados en la territorialidad autonómica (que no es sino una distribución territorial del poder), han sido muy ampliamente justificados y desarrollados (J.J. Solozábal Echavarría, Las bases constitucionales del estado autonómico, 1998) sin que hayan sido reequilibrados mediante otros mecanismos que tengan como objetivo asegurar la unidad/igualdad/equiparación de los españoles».
«(…) Por ello, al GRECO le preocupa la forma en que se designa a los vocales del CGPJ. A nosotros también. ¿Cómo se designan? La Constitución establece que el CGPJ estará integrado por veinte miembros. De estos, doce se elegirán entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».
«(…) Sin embargo, cuando se desplazan siempre los ejes de la información o la facultad de informar hacia otros espacios distintos de los institucionales, bien puede resultar que, por el solo hecho de informar incluso sin atisbo de ánimo desleal, se influirá excesiva e inevitablemente en los procesos de toma de decisiones de las instituciones judiciales, como bien pudiera suceder con las que tienen que ver con las legítimas aspiraciones individuales al Tribunal Supremo o a la presidencia de otros órganos judiciales igualmente relevantes».
«(…) necesitamos un cambio radical de sistema, pero también será necesario un cambio cultural en profundidad. Para lo primero será precisa la firme voluntad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero para lo segundo será imprescindible explicar muy bien a la ciudadanía que el incumplimiento de las obligaciones atenta contra el interés general y nos acaba empobreciendo a todos».
La clave judicial 