«La principal crítica que se plantea a la PPR es que no ofrece seguridad plena al condenado del límite de cumplimiento de la pena, lo cual choca con la obligada resocialización y reeducación a la que deben estar orientadas las penas, según el artículo 25.2 CE. A su vez, los detractores de la PPR sostiene que colisiona igualmente con el art. 15 CE, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes y, también, al art. 10 CE por ser contraria a la dignidad de las personas».
«Quien ostenta un puesto representativo debe cumplir con las normas como cualquier otra persona, sobre todo cuando se trata de la norma más importante de nuestro sistema, la Constitución. Lo curioso de nuestro sistema político es que la misma Constitución permite la defensa de una gran amplitud de opciones políticas, incluso es posible defender (como ideología) el cambio del sistema vigente; la Constitución no prohíbe presentarse a las elecciones y ser elegido representante público defendiendo, por ejemplo suprimir la propia Constitución».
«(…) la difusión de las ideas personales del Juez nunca debería suscitar la más mínima duda sobre su posición en favor del sistema de convivencia democrática diseñado por la Constitución Española y que el Juez está llamado a garantizar. Se trata de un amplio margen de actuación delimitado por el compromiso personal del Juez con los más elementales valores y principios indispensables para que exista una sociedad democrática y pacífica».
«(…) esa respuesta de los jueces y fiscales supuso una muestra de dignidad necesaria, la inherente a sus cargos y que por eso no pueden permitir despreciar, porque no les pertenece a título personal. Una actitud que únicamente pretendía servir como un gesto de desagravio ante la ofensa que trató de causar el Sr. Torrent a una buena parte de los ciudadanos presentes y, por extensión, a la propia democracia. Un gesto comprometido y valiente para restaurar el daño hecho a la política y a la justicia».
«Esos elogios al trabajo de muchos jueces y fiscales deberían haber sido destacados, al menos, por nuestras Asociaciones Judiciales, ya que indudablemente robustecen nuestra vapuleada institución. Sin embargo, creo que no hemos sabido ver y publicitar suficientemente el reconocimiento internacional que suponen para toda la carrera judicial y fiscal».
«El TEDH ha estimado que han existido tratos inhumanos o degradantes, lo que supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH, excluyendo la existencia de torturas dado que no se ha alegado ni probado que las lesiones hayan dejado secuelas, ni que la finalidad del uso de la fuerza haya sido la de obtener datos, castigar o intimidar».
La clave judicial 