Nota de edición: este artículo fue publicado en el Diari de Tarragona el día 15/2/18.

EL OSCURO POZO DE LOS PREJUICIOS

Aunque se suele decir que las palabras se las lleva el viento, en ocasiones pesan demasiado. Si además las palabras se divulgan públicamente en algún texto escrito, aún pesan más sobre quien las escribe. Ser conscientes del alcance de lo que decimos es importante para todos, ya que puede repercutirnos de muchas maneras, pero para los Jueces, a veces, difundir públicamente nuestras ideas puede resultar confuso y peligroso.

La importancia de las opiniones de un Juez (o una Jueza) publicadas, o divulgadas en textos de alcance general, se ha puesto de manifiesto a raíz de algunas noticias que han aparecido en los medios de comunicación, a propósito de la recién elegida Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui Itxaso, cuando ejercía como profesora en la Universidad.

Aunque en este caso la persona afectada no era Jueza cuando se divulgaron sus opiniones, creo que es un buen pretexto para reflexionar sobre cómo puede afectar a los Jueces la difusión de sus ideas personales.

Para que un Juez pueda hacer sus Sentencias de forma “justa” se necesitan unos principios básicos (sin ellos nuestros juicios no pueden ser “justos”, serían algo distinto). Como si se tratara de los pilares de un edificio, los principios que conforman nuestro servicio en una sociedad democrática son, entre otros, la independencia, la imparcialidad y la obediencia a la Ley.

Estos principios crean las condiciones que permiten a los jueces hacer su trabajo de tal forma que, si no se dan, el servicio que prestamos sería innecesario, pues nunca se podría decir que se está haciendo “justicia”. Dicho de otro modo; respetar estos principios nos legitima ante la sociedad a cuyos ciudadanos juzgamos y que nos otorga el poder para hacerlo.

Si se respetan estos principios, por ejemplo, tendremos la confianza de que el Juez que conoce de nuestro asunto es un tercero, despejando cualquier duda sobre la existencia de intereses o favores hacia una u otra parte (por muy ricos o poderosos que sean unos u otros); el Juez estará en una “posición de indiferencia” respecto del asunto en disputa, y a esta posición le llamamos imparcialidad. La imparcialidad sería algo así como las velas de la independencia de la que gozamos a la hora de tomar una decisión, guiando al Juez por el camino de la Ley.

Estos principios básicos empiezan a peligrar cuando entran en conflicto con las convicciones personales. De este modo, cuando el que ha de juzgar tiene publicadas (o aparenta tener) ideas preconcebidas sobre un asunto, la imparcialidad se esfuma y la libertad para juzgar de forma independiente se convierte en una pesada ancla que une al Juez con su convicción, impidiéndole navegar. Surgen entonces las dudas sobre los riesgos de difundir públicamente nuestras ideas, pues ello podría hacernos sospechosos de no ser imparciales.

¿Significa entonces que los jueces no debemos expresar públicamente nuestras opiniones?

¡Claro que podemos! (así lo creo, como lo demuestra la publicación de este mismo artículo). Pienso que los Jueces tenemos mucho que aportar a la sociedad en la que servimos. Está en nuestra función conocer bien nuestro entorno, la realidad en la que trabajamos, no podemos permanecer ajenos a los problemas que nos rodean, como si no nos afectaran. Tenemos un importante papel en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ahora bien, nuestra opinión nunca debería superar ciertos límites si no queremos ver comprometida la imparcialidad.

En mi opinión, la difusión de las ideas personales del Juez nunca debería suscitar la más mínima duda sobre su posición en favor del sistema de convivencia democrática diseñado por la Constitución Española y que el Juez está llamado a garantizar. Se trata de un amplio margen de actuación delimitado por el compromiso personal del Juez con los más elementales valores y principios indispensables para que exista una sociedad democrática y pacífica.

Así, si un Juez habla sobre las personas que integran un determinado colectivo, como los homosexuales, creo que el límite debería estar, por ejemplo, en el respeto a la dignidad individual de la persona, el derecho al libre desarrollo de su personalidad y la igualdad, como derecho a ser tratado igual sin ser discriminado.

Hablar de ciertas minorías supone asumir un alto nivel de responsabilidad. Este país ha experimentado un enorme avance gracias al compromiso de muchas personas por la libertad y la igualdad, la tolerancia y el respeto hacia todas las mujeres y hombres que conforman nuestra sociedad, cualquiera que sean sus pensamientos, ideas, creencias o sentimientos.

Siempre habrá quien siga manteniendo prejuicios sobre determinadas minorías, pero son muchos más los que asumen con normalidad y respeto que cada uno vive con libertad su vida, me refiero a mujeres y hombres que en su día a día obvian lo que nos diferencia, personas que tratan con respeto a los demás; personas que merecen toda mi admiración.

Así pues, al difundir nuestra opinión, los Jueces no podemos ser ajenos a nuestro compromiso con la sociedad, y con los más necesitados de protección (aquellos más vulnerables por sus circunstancias personales, económicas o sociales). Como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, nuestra opinión nunca debería poner en cuestión la responsabilidad que tenemos con los mejores valores de la democracia, con los ciudadanos y con la sociedad a la que servimos. De este modo, cada uno que opine públicamente como quiera, pero que ello no ponga en peligro la imparcialidad.

Como decía el gran poeta valenciano Ausiàs March; “veles e vents han mos desitgs complir”, que las palabras no nos impidan desplegar las velas cuando sople el viento de la justicia y nos someta a cadenas que hundan al Juez en el oscuro pozo de sus prejuicios.

(Imagen: W-A. Bouguereau, Dante y Virgilio en el Infierno, Museo de Orsay, París)