Inmunidad parlamentaria y propaganda política

Con ocasión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (1) sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras se han planteado varios interrogantes que me gustaría ayudar a despejar. Pero antes he de recordar algo esencial para tratar de comprender lo que está sucediendo. “España vive una crisis política de enorme profundidad, sin duda la mayor desde la Constitución de 1978” cuya “manifestación más intensa, grave y urgente es el problema catalán” (2).

Aunque el Tribunal Supremo no haya juzgado a los acusados por su ideología, estamos ante un proceso judicial en el que las motivaciones de los acusados han sido políticas. En este país no se persigue ninguna ideología y prueba irrefutable de ello es el Govern de la Generalitat que actualmente tenemos. Oriol Junqueras y los demás condenados lo han sido por haber convocado un referéndum ilegal de autodeterminación e incitado a participar en el mismo a cientos de miles de personas, despreciando los derechos del resto de catalanes y españoles. Malversando para ello dinero público y en abierta desobediencia a los tribunales y a las fuerzas de seguridad del Estado que cumplían sus legítimas instrucciones. Los condenados trataron de imponer de manera unilateral y por la fuerza al resto de ciudadanos su solución política al conflicto. Los tribunales se han limitado a aplicar la Constitución, el Estatut y la Ley en defensa los derechos de aquella parte de los ciudadanos que el Govern quiso desconocer. La política no se ha judicializado, sino que unos políticos, eso sí, con una amplia representatividad, han querido imponer por la fuerza a los otros ciudadanos la autodeterminación como la solución a un conflicto político. Los tribunales han tenido que actuar, sobre esos hechos concretos, en garantía de los derechos de estos últimos.

No olvidemos que no se trata de un conflicto entre políticos catalanes y tribunales españoles, como interesadamente se ha presentado. El conflicto es entre una parte importante de los catalanes, representados por un Govern sedicioso, que hizo un uso partidista de las instituciones catalanas y decidió imponer la autodeterminación, y la mayoría de catalanes, así como el resto de españoles, defendidos por unos tribunales que, en estricta aplicación de la Constitución y el resto del ordenamiento, han tratado de tutelar los derechos de esa mayoría disidente, pero intencionadamente abandonada por las instituciones catalanas. En su actual relato el independentismo sigue olvidando y silenciando a aquellos catalanes cuyos derechos fueron desconocidos y centra sus ataques en los tribunales que los defendieron.

En este tipo de procesos judiciales, Jacques Verguès hablaba de dos diferentes estrategias de defensa (3). La primera, la defensa de connivencia, que asume las reglas del proceso y, dentro de los amplios márgenes que la Ley permite, elige la mejor defensa posible para los acusados. La segunda es una defensa de ruptura, en la que ni los acusados ni sus abogados reconocen la legitimidad del Tribunal que les juzga y convierten el proceso judicial en un instrumento más de su reivindicación política.

Una parte de los acusados por aquellos hechos han optado por este último tipo de estrategia defensiva de ruptura (4), convirtiendo el proceso judicial en un estrado desde donde defender sus reivindicaciones políticas. Para ello estiran de todos los hilos, imaginables e impensables y, algunas veces, contando con la complicidad involuntaria de otros actores, rompen las costuras de un proceso legal, en ocasiones, excesivamente frágil.

Frente a una defensa de ruptura, los jueces, que no podemos hacer otra cosa que respetar las reglas, hemos de tratar de dar una respuesta razonable a situaciones impensables en los procesos habituales y hacerlo sobre la base de normas pensadas para situaciones previsibles. Sin embargo, no podemos combatir la propaganda (5) con las que van acompañadas cada una de esas iniciativas, como explica Jordi Alberich. Sus actuaciones judiciales no buscan garantizar sus derechos individuales, como pretenden hacernos creer, sino la propaganda de sus ideales. Por eso actuaciones procesales que los juristas entendemos como descabelladas (6), hay que verlas como elementos propagandísticos que tienen un indudable éxito, aunque legalmente tengan poco recorrido. Corresponde al Gobierno, que tiene la obligación de defender sus instituciones, y al Consejo General del Poder Judicial, al que corresponde amparar la independencia de los tribunales, combatir esa propaganda, pero ni tan siquiera el Tribunal Supremo puede defenderse en ese terreno. Aunque creo que a medio plazo su estrategia está abocada al fracaso, resulta incompresible y, por eso desesperante, ver cómo, en ocasiones, sus mensajes propagandísticos se filtran en los medios de comunicación (no solo en los de propaganda) o en la opinión pública como si fueran neutrales. El Sr. Junqueras no busca la inmunidad para salvaguardar su futura actuación parlamentaria (7), sino para conseguir eludir a los Tribunales y su responsabilidad penal en una lucha contra el Estado constitucional. En ese enfrentamiento su objetivo no es otro que debilitar al Estado sembrando la desconfianza en sus instituciones.

¿Por qué se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras?

Porque el Tribunal Supremo (TS) planteó una cuestión prejudicial al TJUE, para que este se pronunciara sobre el alcance de las normas europeas que regulan la inmunidad de los parlamentarios. Dicha cuestión se formuló con ocasión de un recurso contra la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de no autorizar la excarcelación del Sr. Junqueras, en ese momento en situación de prisión provisional, para que jurase la Constitución y asistiera al Parlamento Europeo (PE) a tomar posesión de su cargo.

¿Tenía el Tribunal Supremo obligación de plantear dicha cuestión al TJUE?

La inmunidad de los europarlamentarios viene regulada por una norma de la Unión Europea (8), lo propio ocurre con las reglas para adquisición de la condición de diputado del PE (9). La interpretación de dichas normas suscitaba la duda sobre el momento preciso en el que un candidato adquiere inmunidad. Pues bien, un tribunal nacional, cuya decisión no admite recurso, tiene la obligación de someter dichas dudas interpretativas al TJUE a través de lo que se conoce como cuestión prejudicial (10) , con la finalidad de que el TJUE pueda pronunciarse sobre dicha interpretación y así homogeneizar su práctica en toda la Unión. La única excepción a dicha regla es lo que se conoce como doctrina del acto claro o acto aclarado, cuando la interpretación no deja márgenes razonables de duda o la cuestión haya sido resulta por el TJUE (CILFIT)(11) . Incluso tanto el Tribunal Constitucional (TC) (12) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (13) han abierto la posibilidad a considerar una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) o a un juicio justo con todas las garantías (art. 6 CEDH) si debiendo hacerlo, el tribunal nacional de última instancia no plantea una cuestión prejudicial al TJUE.

Por lo tanto, en este caso, al no haber habido un pronunciamiento previo del TJUE sobre la cuestión y las normas dejar margen de duda, el TS no tenía opción a plantear la cuestión prejudicial. No solo para homogeneizar la interpretación de la norma europea, sino también para garantizar plenamente los derechos de los acusados. Tan es así que, a pesar de haber tenido la posibilidad de retirar la cuestión prejudicial tras haber sido enjuiciado el caso de forma definitiva, el TS mantuvo la cuestión ante el TJUE (14).

El TS, por lo tanto, fue quien planteo las dudas interpretativas que la norma europea planteaba, por lo que solo desde la ignorancia o la mala fe se puede hablar de “varapalo” a la justicia española, como tan acertadamente ha explicado J.A. Zarzalejos (15).

¿Qué es la inmunidad parlamentaria?

En términos generales y de acuerdo con la terminología que usa el TJUE es un privilegio de los parlamentarios que tiene dos facetas, la irresponsabilidad y la inviolabilidad. La primera, también llamada inmunidad material (16) y en nuestra terminología inviolabilidad, garantiza la irresponsabilidad de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (17). La segunda, conocida por inmunidad procesal (18) o en nuestra terminología simplemente inmunidad, garantiza que los parlamentarios sólo puedan ser detenidos en caso de flagrante delito y no puedan ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (19).

Dicho privilegio tiene por finalidad garantizar la independencia del Parlamento en el cumplimiento de su misión, como ha recodado el TJUE en su sentencia (apartado 84), reproduciendo para ello las palabras del TEDH (20), pero no garantiza la impunidad de los parlamentarios.

La inviolabilidad no impide a los tribunales ordinarios perseguir a un parlamentario por los delitos que haya podido cometer antes o después de la adquisición de su condición. Lo que pretende es evitar que dicho procedimiento criminal tenga motivación política (fumus persecutionis), por lo que la Constitución supedita el inicio o la continuación de dicho procedimiento judicial a la obtención de una autorización expresa de la Cámara correspondiente (21), autorización que en nuestro derecho se conoce tradicionalmente con el nombre de suplicatorio.

¿Cuándo debe concederse dicha autorización por las Cámaras?

El Parlamento solo puede denegar la solicitud cuando aprecie de forma motivada indicios razonables de que el procedimiento judicial obedece a motivos de represión política. Es decir, la Cámara no puede analizar los indicios de criminalidad que haya contra el parlamentario investigado o acusado, ya que esa valoración corresponde en exclusiva a tribunales de justicia independientes, sino simplemente si ese procedimiento criminal puede obedecer a móviles políticos (22).

¿Cuándo se adquiere esa inmunidad?

La inmunidad, según el TJUE, se adquiere cuando el candidato ha sido proclamado electo por las autoridades nacionales competentes, en nuestro caso, la Junta Electoral Central (23).

¿Cómo afectaba esa nueva situación de parlamentario a su situación de prisión provisional?

El Tribunal de Justicia (apartado 92 de la sentencia) afirma que esa inmunidad “implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que goza de tal inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo”. Por lo tanto, la medida de prisión provisional que impide al parlamentario electo dirigirse a la primera reunión de la legislatura, afecta a la inmunidad parlamentaria. Eso implicaría que el Tribunal que hubiera acordado dicha situación, como regla general, debería “permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas” (24) .

Obsérvese que no parece obligar a dejar sin efecto la medida, sino permitir que el candidato electo concurra a dicha reunión para cumplir con las formalidades requerida y que el PE pueda iniciar sus sesiones con plena normalidad. El TJUE, como es normal, responde a lo que se le está preguntando, tal y como replantea la pregunta en el apartado 61 de la sentencia (25). Por lo tanto, no está diciendo que deba dejarse sin efecto la medida, sino que debe levantase para permitir al parlamentario dirigirse al PE para iniciar las sesiones.

Tan es así, que el propio TJUE reconoce que el tribunal nacional puede mantener dicha medida, pero, en tal caso, ha de dirigirse de forma inmediata al PE para solicitar la suspensión de la inmunidad y mantener la situación de prisión provisional.

¿A quién corresponde valorar el efecto que produce la sentencia del TJUE sobre a la situación actual del Sr. Junqueras que se encuentra condenado en sentencia firme?

Es al TS al único que corresponde valorar la respuesta del TJUE, sin perjuicio de los eventuales recursos ante el TC y el TEDH. El TS comunicó al TJUE la sentencia condenatoria dictada en la causa principal, pero al mismo tiempo informó a su presidente que la respuesta del TJUE seguía teniendo interés (apartados 41 y 42). Entre otros temas, el TS, mediante auto de fecha 30 de octubre suspendió la ejecución de la pena de inhabilitación impuesta al Sr. Junqueras (26).

El Abogado General, a pesar de la insistencia del Tribunal Supremo, había expresado sus dudas sobre el interés de la cuestión plantada después de la sentencia condenatoria, a la vista de que se había impuesto al Sr. Junqueras una pena de inhabilitación que conlleva la pérdida de su condición de europarlamentario (27).

Sin embargo, el TJUE recuerda un criterio constante, según el cual, “corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia”.

Según la jurisprudencia de nuestro TS, no es necesario pedir el suplicatorio a la Cámara correspondiente, cuando la condición de diputado o senador se adquiere después de que se haya abierto el juicio oral contra el parlamentario. Por lo tanto, el TS no pidió ni al Senado ni al Congreso de los Diputados autorización para proceder contra los acusados que habían adquirido tal condición (Sres. Rull, Turull, Junqueras. Sánchez y Romeva) después de la conclusión de la fase de investigación y cuando ya el tribunal había decidido abrir el juicio oral en su contra (28).

El Abogado General había propuesto que el TJUE se pronunciara sobre el alcance de la inmunidad y si esa cuestión queda o no sometida al derecho nacional (29). Sin embargo, el TJUE ha decidido no pronunciarse sobre dicha cuestión expresamente, lo que nos remite a las normas nacionales.

¿Cuál ha sido la aplicación que ha dado el TS a la sentencia del TJUE?

El TS ha dictado dos autos (30) uno en el proceso principal, después de haber oído a las partes sobre los efectos de la sentencia, y otro en el procedimiento paralelo (pieza separada) que, en junio de 2019, se había incoado a consecuencia de la petición de la defensa del Sr. Junqueras de un permiso extraordinario de salida para el acto de juramento o promesa del cargo de europarlamentario.

En el auto dictado en la causa principal el TS resume de la siguiente forma las consecuencias de la sentencia TJUE:

<<a) (…) el candidato proclamado por la autoridad nacional como electo, por el sólo hecho de serlo, goza de inmunidad, incluso, cuando se encuentre en situación de prisión preventiva en un proceso penal por delitos graves y el órgano jurisdiccional competente haya denegado el permiso para cumplir las formalidades impuestas por el derecho nacional tras la proclamación como electo. b) La inmunidad establecida en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo, que se concreta en autorizar el desplazamiento del electo al Parlamento Europeo, con el fin de que pueda cumplir allí las exigencias formales requeridas, obliga al órgano jurisdiccional a hacerlo acordando «…el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta». c) Con carácter excepcional, esa concreta inmunidad, obtenida desde la proclamación como electo, es compatible con el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad.>>

¿Cuáles son los hechos relevantes para el TS en orden a hacer una adecuada valoración de las consecuencias de la sentencia del TJUE?

Según el citado auto (apartado 3 de los fundamentos jurídicos), resumidamente, los hechos relevantes, para entender la aplicación que se hace de la sentencia son los siguientes:

a) El Sr. Junqueras fue condenado en sentencia dictada con fecha 14 de octubre de 2019, como a autor dos delitos uno de sedición y otro malversación de caudales públicos, a las penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los (…) cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para obtenerlos (…) y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena.

b) Esta sentencia fue el desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el día 12 de febrero de 2019 y concluido el día 12 de junio del mismo año, fecha en la que comenzaron las deliberaciones para su resolución definitiva el 14 de octubre de 2019.

c) El Sr. Junqueras fue proclamado electo por la Junta Electoral Central mediante acuerdo de 13 de junio de 2019, publicado en el BOE el día 14 del mismo mes y año, es decir, un día después de que hubieran concluido todas las sesiones del juicio oral y se hubiera iniciado el proceso de deliberación de la sentencia.

d) Con fecha 14 de junio de 2019, el Tribunal denegó al Sr. Junqueras la concesión de un permiso de salida, solicitado el día 4 de junio del mismo año, para el acto de juramento o promesa del cargo de europarlamentario. La representación legal de Oriol Junqueras, entabló recurso de súplica contra esta decisión, invocando las prerrogativas y privilegios establecidos en el artículo 9 del Protocolo (número 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. Es antes de resolver este recurso cuando se planteó la cuestión prejudicial al TJUE.

Para el TS, el Sr. Junqueras adquirió la condición de europarlamentario cuando fue proclamado electo, pero ahora la situación del Sr. Junqueras no es la de preso preventivo, sino la de condenado a la pena de 13 años de prisión lo que supone una causa sobrevenida de inelegibilidad , por la que pierde su condición de europarlamentario. Es decir, para el TS, en este momento, lo importante es que el Sr. Junqueras, en este ínterin, entre que se planteó la cuestión y se ha resuelto por el TJUE, ha sido condenado a pena privativa de libertad que le hace perder la condición de europarlamentario, ya que se aplica el mismo régimen de incompatibilidades que a senadores y diputados nacionales. El TS considera que el Sr. Junqueras, a pesar de haber adquirido la condición de europarlamentario desde su proclamación como electo, perdió dicha condición como consecuencia de su condena a pena privativa de libertad en sentencia firme (apartado 5.2). Esta es la nueva situación de la que ha de partirse para hacer una adecuada aplicación de la sentencia del TJUE. El Sr. Junqueras ha perdido la condición de europarlamentario, tal y como ha tomado nota el Presidente del Parlamento Europeo (31).

¿Por qué el TS suspendió la ejecución de la pena de inhabilitación?

El TS, mediante un auto de 14 de octubre de 2019, había acordado suspender la ejecución de la pena de inhabilitación hasta que el TJUE se pronunciase sobre la cuestión planteada. Para el TS era necesario saber si el Sr. Junqueras había adquirido o no la condición de europarlamentario para poder ejecutar correctamente la pena. Ahora bien, hay que recordar que, una vez declarada la condición de europarlamentario del Sr. Junqueras, su incompatibilidad con cargo deriva de la condena a pena privativa de libertad en sentencia firme, y no de la ejecución de la pena de inhabilitación. Lógicamente si el TJUE hubiera mantenido una interpretación diferente, la inhabilitación no alcanzaría a un cargo que no llegó a adquirir y, por ese motivo, se suspendió su ejecución, para conocer el alcance de las medidas de ejecución.

¿Después de la sentencia del TJUE el TS tenía que pedir autorización al PE para proceder penalmente contra el Sr. Junqueras?

La contestación del TS es rotundamente negativa ya que a pesar de que el TJUE reconoce la condición de europarlamentario al Sr. Junqueras desde su proclamación como electo, lo cierto es que ha perdido tan condición como consecuencia de la sentencia firme a pena privativa de libertad, tal y como he explicado.

No procedía pedir el suplicatorio antes de dictar sentencia, por los mismos motivos por los que no se pidió cuando adquirió la condición de diputado del Congreso, como hemos señalado antes, y no procede pedirlo después porque la sentencia firme le hace perder la consideración de europarlamentario.

¿El TS tenía que haber suspendido al plazo para dictar sentencia hasta que se resolviese la cuestión prejudicial por el TJUE?

El TS explica los motivos por los que no procedía dicha suspensión. El Alto Tribunal entiende que, en el caso de que se le reconociese inmunidad al Sr. Junqueras desde su proclamación, como de hecho ha sucedido, ello no obligaría al TS a pedir autorización para proceder contra el Sr. Junqueras, puesto que el juicio oral había concluido cuando el Sr. Junqueras había adquirido tan situación.

“En definitiva- dice nuestro TS-, quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento”.

¿Se han infringido los derechos políticos del Sr. Junqueras?

El Tribunal Supremo rechaza que se haya infringido derecho alguno del Sr. Junqueras. El único privilegio que le reconoce el TJUE es su inviolabilidad, es decir, la necesidad de pedir autorización al PE para proceder criminalmente en su contra. Eso permite actuar hacia el futuro de acuerdo con esa doctrina, pero no aplicarla retroactivamente. En primer lugar, de acuerdo con el alcance que el derecho nacional reconoce a esa inviolabilidad, esta no comprende los procesos penales cuyo juicio oral se haya abierto antes de que el acusado haya adquirido la condición de parlamentario. En segundo lugar, antes de la sentencia del TJUE, el Sr. Junqueras no gozaba de la condición de europarlamentario, por lo que el TS no podía pedir autorización alguna al PE. En tercer lugar, después de la sentencia del TS el Sr. Junqueras perdió automáticamente la condición de europarlamentario que le reconoció el TJUE, por las razones explicadas, con lo que tampoco en este caso tiene sentido solicitar autorización alguna.

¿Cuáles son las conclusiones?

Que el Sr. Junqueras ha perdido la condición de europarlamentario, tal y como ha constatado el presidente del PE, cargo que en virtud de la sentencia del TJUE se le tenía que reconocer desde su proclamación como electo, pero que, a pesar de todo, ha de cumplir la pena impuesta.

El juez instructor del TS ha acordado mantener las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, así como solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad como eurodiputados de ambos para continuar la tramitación de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra ellos.

Si, como es previsible, el PE suspende la inmunidad de los Sres. Puigdemot y Comin, será un golpe mortal a la teoría de la persecución política, ya que precisamente lo que tiene que valorar el PE es la existencia de indicios que existan de persecución política.

Sigo permitiéndome afirmar, sin arrogancia pero con firmeza, que en España no hay presos políticos ni exiliados, sino políticos condenados por diversos delitos graves y prófugos de la justicia por esos mismos crímenes. Sin embargo, recordemos las palabras iniciales, la verdad no acabará con la propaganda.

Notas del documento.
(1) Sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, asunto Oriol Junqueras.

(2) Círculo de Economía, XXXIV Reunión, mayo 2018 https://cercledeconomia.com/es/propuestas-para-modificar-el-autogobierno-de-cataluna-y-el-funcionamiento-del-modelo-territorial-de-estado/.

(3) Vergès, Jacques, Estrategia judicial en los procesos políticos, Anagrama, Barcelona 1970, pág. 22

(4) Aunque como el mismo Vergès advierte “proceso de ruptura y proceso de connivencia no son sino esquemas. Nunca es total la ruptura, raras veces perfecta la connivencia, jamás hay resignación sin mácula de rebeldía”, ibdem, pág. 22.

(5) Alberich, Jordi “2019: El año de la Justicia y la propaganda”, https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/divan-oblomov/2019-ano-justicia-propaganda_304442_102.html.

(6) La petición de un habeas corpus para que se pusiera en libertad del Sr. Juqueras para participar en las sesiones del PE.

(7) Auto del TS de 9 de enero de 2020 “La defensa del Sr. Junqueras insta la nulidad de lo actuado desde el día 12 de junio de 2019, singularmente, de la sentencia dictada por esta Sala con fecha 14 de octubre del mismo año. Esta petición -cuya legitimidad no se cuestiona- aspira a un efecto que sólo encuentra respaldo en la intensa carga de voluntarismo con el que aquella se formula. Y es que el escrito de alegaciones evidencia una llamativa confusión entre la inmunidad parlamentaria y lo que operaría como exención jurisdiccional. Este error conceptual lastra todo el argumentario y las conclusiones que la defensa obtiene de la sentencia dictada por el TJUE. El Sr. Junqueras no goza de ninguna exención jurisdiccional que se alce como obstáculo para impedir su enjuiciamiento”(5.3.1, págs. 16-17)

(8) Artículo 9 del Protocolo (n.º7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anejo a los Tratados UE y FUE.

(9) Acta relativa a la elección de los diputados por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, modificada por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002.

(10) Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hecho en Roma el 25 de marzo de 1957, párrafo tercero.

(11) Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982 (C-283/81, CILFIT). No será necesario ( acto aclarado/acto claro):
• Cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo
• Cuando la jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia que hubiera resuelto la cuestión de derecho de que se trata.
• Cuando la correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión suscitada en los órganos jurisdiccionales de todos los estados miembros.

(12) STC 232/2015, de 5 de noviembre de 2015:

  1. En aplicación de estas premisas, este Tribunal ya ha tenido ocasión de resolver:
    • a) Que dejar de aplicar una ley interna, sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, por entender un órgano jurisdiccional que esa ley es contraria al Derecho de la Unión Europea, sin plantear tampoco cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es contrario al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) si existe una “duda objetiva, clara y terminante” sobre esa supuesta contradicción (STC 58/2004, FFJJ 9 a 14).
    • b) Sin embargo, dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión (según la parte) no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE (así, SSTC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 7; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3, y 99/2015, de 25 de mayo, FJ 3).
    • c) Ahora bien, sí corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando, como aquí ocurre según hemos avanzado ya, exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso”, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6).
    En el mismo sentido la más reciente STC 37/2019, de 26 de marzo.

(13) CASE OF ULLENS DE SCHOOTEN AND REZABEK v. BELGIUM JUDGMENT 20 September 2011

  1. The matter is not, however, unconnected to Article 6 § 1 of the Convention which, in establishing that “everyone is entitled to a … hearing … by [a] … tribunal established by law”, also leaves to the competent court, in accordance with the applicable law, the task of hearing any legal questions that may arise in the course of proceedings.
  2. In the specific context of the third paragraph of Article 234 of the Treaty establishing the European Community (Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union), this means that national courts against whose decisions there is no remedy under national law, which refuse to refer to the Court of Justice a preliminary question on the interpretation oare obliged to give reasons for their refusal in the light of the exceptions provided for in the case-law of the Court of Justicef Community law that has been raised before them,. They will thus be required, in accordance with the above-mentioned Cilfit case-law, to indicate the reasons why they have found that the question is irrelevant, that the European Union law provision in question has already been interpreted by the Court of Justice, or that the correct application of Community law is so obvious as to leave no scope for any reasonable doubt.

(14) Apartado 42 de la sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, Oriol Junqueras.

(15) Zarzalejos, Jose Antonio, “La lapidación del Supremo (pero Junqueras seguirá en la cárcel)” https://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2019-12-24/lapidacion-supremo-junqueras-carcel_2389312/.

(16) Conclusiones del Abogado General de 12 de noviembre de 2019, asunto C-502/19, Oriol Junqueras, apartado 3.

(17) Art. 71.1 Constitución Española (CE)

(18) Conclusiones del Abogado General de 12 de noviembre de 2019, asunto C-502/19, Oriol Junqueras, apartado 3.

(19) Art. 71.2 CE

(20) TEDH, sentencia de 17 de mayo 2016, Karácsony y otros c. Hungría, E:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138.
<< The guarantees offered by both types of parliamentary immunity (non-liability and inviolability) serve to ensure the independence of Parliament in the performance of its task. Inviolability helps to achieve the full independence of Parliament by preventing any possibility of politically motivated criminal proceedings (fumus persecutionis) and thereby protecting the opposition from pressure or abuse on the part of the majority (see Kart, cited above, § 90)>>.

(21) TEDH, sentencia de 17 de mayo 2016, Karácsony y otros c. Hungría, § 138

(22) STC 90/1985, de 22 de julio de 1985, FJ 6, párrafo 11.

<< La inmunidad, como el resto de prerrogativas que en el art. 71 de la misma Constitución se establecen, se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto a las que tiene, como finalidad primordial, su protección. De ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva adopta. Esa protección a que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los Diputados o Senadores, pues no cabe mayor defensa frente a tales riesgos o defectos de tipo jurídico que la proporcionada por los Jueces y Tribunales a quienes el art. 117.1 de la C.E. atribuye, de manera específica, la tarea de aplicar el ordenamiento para la administración de justicia. La amenaza frente a la que protege la inmunidad sólo puede serlo de tipo político, y consiste en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular. La posibilidad de que las Cámaras aprecien y eviten esa intencionalidad es lo que la Constitución ha querido al otorgarles la facultad de impedir que las acciones penales contra sus miembros prosigan, y lo que permite, por tanto, la institución de la inmunidad es que las propias Cámaras realicen algo que no pueden llevar a cabo los órganos de naturaleza jurisdiccional como es una valoración sobre el significado político de tales acciones>>

(23) Apartado 81 de la sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, Oriol Junqueras.
<>.

(24) Apartado 85 de la sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, Oriol Junqueras.

<< la inmunidad prevista (…) en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión garantiza la protección del buen funcionamiento y de la independencia del Parlamento Europeo, como ha señalado el Abogado General en los puntos 92 y 94 de sus conclusiones, asegurando a cada uno de sus miembros, tras la proclamación oficial de los resultados electorales, la posibilidad de dirigirse sin impedimentos a la primera reunión de la nueva legislatura, a efectos del cumplimiento de los trámites previstos en el artículo 12 del Acta electoral, y permitiendo que se constituya la nueva legislatura>>.

(25) Apartado 61 de la sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, Oriol Junqueras.
<< mediante sus tres cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el Tribunal Supremo pregunta en esencia si el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves y que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. En caso de respuesta afirmativa, el Tribunal Supremo pide también que se dilucide si esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas>>.

(26) Apartado 46 de la sentencia TJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C 502/19, Oriol Junqueras.

(27) Conclusiones del Abogado General de 12 de noviembre de 2019, asunto C-502/19, Oriol Junqueras, apartado 99-102

(28) ATS 5051/2019 -ECLI: ES:TS:2019:5051ª

(29) Conclusiones del Abogado General de 12 de noviembre de 2019, asunto C-502/19, Oriol Junqueras, apartado conclusiones 4.
<>

(30) Dos autos de 9 de enero de 2009 dictados en la CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017. https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/La-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo-acuerda-que-no-procede-la-libertad-de-Oriol-Junqueras-ni-la-peticion-de-suplicatorio-al-Parlamento-Europeo–una-vez-que-ya-esta-condenado-en-firme.
el art. 6 de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electora General) declara inelegibles «a los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena». Y el art. 211 de la misma ley dispone que «las causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlamento Europeo lo son también de incompatibilidad».

(31) https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-president-sassoli-on-the-composition-of-the-european-parliament?lang=en

(Imagen: vista interior Tribunal Supremo, Confilegal)

Comentarios

  1. Llevo 2 años escuchando que al hacer el Referéndum, se despreciaban los derechos de una mayoría/buena parte (según los intereses del interlocutor) de los catalanes. Esa es la única justificación que (al ciudadano de a pie como yo) se ha dado para justificar todo lo que ha venido después. Pero NADIE me ha dicho que derechos se despreciaban a la “mayoría/buena parte” de los catalanes. Para mí, educado con principios democráticos, hay pocos derechos más claros que el ser consultado por las instituciones y que estas hagan caso del voto de la población. Y según eso, quien despreció los derechos de la “mayoría/buena parte” de los catalanes fue quien prohibió el maldito Referéndum. Si se hubiera autorizado, la tan cacareada “mayoría/buena parte” de los catalanes contraria a la independencia, podría haber ido a votar NO en masa (ejerciendo sus derechos) y si realmente eran/son una “mayoría” (y no solo una “buena parte”) pues habría ganado su postura (el NO). Los catalanes partidarios del SÍ se la hubieran tenido que envainar y el Estado no se habría metido en ese fangal. Y si hubiera ganado el SÍ, pues el Estado podría haber iniciado una negociación para ver la viabilidad de la independencia, hacer ciertas reformas estructurales, proponer alternativas y volver a plantear una votación, a ver si esta vez ganaba el NO. Lo que se ha hecho, por mucho que articulistas, jueces, catedráticos, magistrados y fiscales intenten justificarlo con tecnicismos legales en artículos como éste, es una solemne CHAPUZA que demuestra el bajo nivel democrático y político de la Justicia y el Estado español. Quien siembra vientos recoge tempestades. Y como escribió un fiscal, “más dura será la caída” … pero eso es aplicable a ambos bandos. De momento, lo que hay es de vergüenza.

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