Operación Toga

En estos días he tenido la oportunidad de leer algunas críticas a la “operación Toga”, operativo desplegado por los Mossos d’Esquadra para proteger a los tribunales y juzgados catalanes de los ataques, reiterados y generalizados, reivindicados por los totalitarios “Comités de Defensa de la República” (CDR).

Este operativo policía responde a una orden directa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al jefe de la policía para que protegiera de forma eficaz las sedes judiciales catalanas. Esta orden se dio en cumplimiento de un acuerdo de la Sala de Gobierno, refrendado por el Consejo General del Poder Judicial.

Se ha dicho que ese operativo es innecesario y que los policías destinados a esta labor deberían dedicarse a proteger a los ciudadanos y no a custodiar los edificios judiciales. Lógicamente, partiendo de la base de que sería deseable que esas medidas no fueran necesarias, la crítica es interesada y demagógica. Interesada ya que procede del independentismo y demagógica porque la policía ya está protegiendo los derechos de los ciudadanos mediante la custodia de esos edificios.

Ante todo, es necesario recordar que la protección deriva de los ataques de un sector totalitario, el mismo que ha sido imprudente y vergonzosamente animado a cometer actos de ese tipo desde las más altas instituciones políticas de la Generalitat. Desafortunadamente, las investigaciones emprendidas para localizar a sus responsables no han dado resultado alguno, sin embargo, las medidas adoptadas han acabado, por el momento, con estos cobardes ataques. Por lo tanto, los únicos responsables de que se adoptaran y se mantengan esas medidas son los autores de esos actos bárbaros.

Se ha pretendido argumentar que echar mierda a la puerta de los juzgados, embadurnar con pintadas amenazantes sus paredes o plantar cruces en sus inmediaciones, forma parte de la libertad de expresión de quienes lícitamente discrepan de la actuación de los tribunales durante el “procés”. Es indudable que en Catalunya y en el resto de España hay ciudadanos descontentos con la actuaciones de sus tribunales y es indiscutible que tienen derecho a expresar su crítica con la energía que consideren oportuno, siempre que no sobrepasen los límites que les imponen el respeto a otros derechos individuales y a las instituciones del Estado. Pero no nos engañemos, esa no es la finalidad de un grupo totalitario como los CDR.

Este vandalismo no tiene otro objetivo más que amedrentar, vejar y humillar a los jueces que ejercemos en Catalunya, ya que, respetando su ideología, nos hemos situado claramente en contra de sus actuaciones ilegales y, como no podrá ser de otra forma, actuado con ejemplar lealtad constitucional.

Durante demasiado tiempo en Catalunya se vivió una sensación de impunidad para todo lo relacionado con “el procés”. No podía ser otro el clima cuando los ciudadanos hemos visto cómo los máximos responsables políticos elegían la legalidad en la que querían vivir según su ideología. La Ley democrática parecía solo servir en la medida en que legalizaba los deseos individuales, pero para ellos la “auténtica Ley” era la “voluntad del pueblo” que expresaba un deseo “colectivo de libertad”. Aunque, curiosamente, solo los iluminados por el independentismo la podían identificar, ya que solo ellos saben interpretar sus signos. Esos bárbaros, con el convencimiento que da el fanatismo, habían negado la autoridad a la Ley democrática, hasta corromper el valor que tiene para fundar la convivencia.

Los jueces tenemos como misión constitucional tutelar de forma eficaz los derechos de los ciudadanos, somos su última garantía frente a su violación por otros particulares o por la Administración. Algo que se olvida con frecuencia, es que los derechos de los ciudadanos son más sólidos en la medida que tengan un poder judicial fuerte que los garantice.

El secesionismo, es decir, el independentismo totalitario y unilateralista, que quiere imponer por la fuerza la independencia a la mayoría de catalanes como forma de solución al conflicto político en el que vivimos, sabe que ha de toparse con los jueces, como baluarte de los derechos de esa mayoría no independentista. Por eso, primero hemos sido deslegitimados por el secesionismo, después acosados y, por último, amenazados para superar esa última barrera que les impide imponer de forma totalitaria su “voluntad” a una mayoría que no la comparte.

Esto no es una bravata, pero los jueces no somos fácilmente intimidados ni humillados. En cualquier caso, un Estado democrático no puede permitir que de forma reiterada y generalizada se ataque sus instituciones. Protegerlas implica proteger los derechos de los ciudadanos que no piensan como sus atacantes, abandonarlas es abandonar a esa mayoría que quiere convivir en libertad y tranquilidad.

La policía catalana no está protegiendo piedras, sino la piedra angular de nuestra convivencia, el pluralismo de nuestra sociedad.

(Imagen: Mapa de Catalunya, F. Flos i Calcat, 1906)

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