APM: para ganar un futuro

by La Clave Judicial

Luis Rodríguez Vega

Eduardo Pastor Martínez

Este año la Asociación Profesional Magistratura elegirá nuevo presidente o presidenta. La candidata o el candidato deberían representar un importante cambio estratégico, que rompa con un presente desolador. Los asociados hemos de optar entre seguir el camino emprendido, lo que determinará que la Asociación se convierta definitivamente en una organización clientelar y gremial, socialmente irrelevante, o bien recobrar su espíritu original, para reconstruir su capacidad de influencia institucional y profesional pensando en las nuevas generaciones de jueces.

La actual orientación gremial de la Asociación ha sido un fracaso. Hemos centrado nuestra actividad en la defensa de intereses corporativos, apoyándonos en una estrategia equivocada. Al menos en apariencia, el objetivo central de nuestra Asociación ha sido mejorar las condiciones retributivas de los jueces. Como todos sabemos, desde que en el 2018 se convocaron paros y huelgas, no se ha conseguido ninguna mejora. Para tratar de conseguirlos la estrategia que decidió seguir la Asociación fue la conocida “unidad asociativa”. La Asociación se dejó seducir por una estrategia que favorecía a otros y, lo que es más grave, cediendo el liderazgo de ese proyecto unitario, que por representatividad en la carrera judicial le correspondía. Esa estrategia ha dado el mismo protagonismo a asociaciones que aglutinan menos de una tercera parte de nuestros miembros. Solo la Sección Territorial de Cataluña logró, con su propio esfuerzo e influencia, la negociación de una propuesta de Ley en tal sentido en el otoño de 2018.

Por el contrario, las movilizaciones unitarias que consistieron en paros parciales e intermitentes, así como una huelga, que se desarrollaron fundamentalmente entre abril y mayo de 2018, se hicieron frente a un Gobierno sostenido por una frágil minoría parlamentaria. Ese enfrentamiento con el partido de gobierno benefició a unos y perjudicó a otros. Es importante recordar que, cuando en junio del 2018 cambió el Gobierno y el PSOE reemplazó en él al PP, JJD abandonó la unidad asociativa y comenzó a defender al partido gobernante y sus aliados sin ningún pudor. Es cierto que en noviembre de 2018 se convocó una última huelga, tan infructuosa como la anterior. Pero desde ese momento se acabaron las movilizaciones. Se evidenciaba así que quien lideraba la unidad asociativa no era la APM, sino JJD.

Lo cierto es que JJD ha abandonado esa unidad en momentos determinantes para una asociación judicial. Por ejemplo, cuando se ha exigido a la ministra de justicia que el Estado defendiera jurídicamente al juez de instrucción de la causa del “procés” de una demanda civil ante la justicia belga. Cuando se filtraron los amigables, homófobos e imprudentes comentarios en las conversaciones de la misma ministra de justicia con el excomisario Villarejo. Cuando la misma ministra dejó el Gobierno para, sin solución de continuidad, ser nombrada fiscal general del Estado. Cuando se ha promovido una reforma del sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ para reducir las mayorías exigibles constitucionalmente, que ha provocado el escándalo en las instituciones europeas. Cuando se ha hurtado al CGPJ su posibilidad de informar la propuesta que pretende castrar sus funciones mientras no sea renovado a gusto de sus promotores o continuar en el desempeño de su función constitucional, siquiera encontrándose en funciones.

La estratégica unidad asociativa ha quedado reducida a un “atrevido” comunicado, el 15 de febrero de 2021, en el que se insta al ministerio de justicia a convocar la mesa de retribuciones. Por cierto, si lo que se quería es desprestigiar a la carrera judicial, era difícil haber elegido una mejor ocasión y contexto para realizar esta reivindicación.

Lamentablemente, también fue unánime el oprobioso silencio asociativo cuando fracasó el primer intento de renovación del CGPJ. Aquella vergonzosa situación hubiera merecido que las asociaciones en bloque y los no asociados, uno a uno, hubieran retirados sus candidaturas.

Por último, la toma de posición institucional de nuestra asociación denunciando recientemente a nuestro país ante las instituciones europeas, cuestionando la independencia de nuestros tribunales y proponiendo condicionar las ayudas europeas a la recuperación, pero al mismo tiempo manteniendo candidaturas personales a la renovación del Consejo o para la provisión de nombramientos en el Tribunal Supremo es, a nuestro juicio, una muestra más de incoherencia y de la pérdida de rumbo.

En definitiva, aquellas movilizaciones tuvieron un coste político para la APM y un beneficio político para otras asociaciones y partidos políticos. Se reprodujeron situaciones que recuerdan las que se dieron en el anterior Consejo. Hemos de asumir que, si queremos que nuestras propuestas se transformen en leyes, tenemos que tender puentes con los partidos políticos que quieran compartir objetivos y valores. Deberíamos estar abiertos a colaborar y convencer a todos los partidos del acierto de nuestras propuestas, puesto que si no queremos ser irrelevantes tenemos que ampliar nuestro campo de influencia. Pues bien, de la mano de esa falaz unidad asociativa, hemos debilitado nuestra posición política a cambio de un espejismo. No podemos ser la sucursal de ningún partido político. Nuestro primero objetivo ha de ser defender nuestra independencia. Pero, desde esa premisa irrenunciable, hemos de situarnos políticamente y buscar alianzas donde sea posible hacerlo.

Una de las críticas más acertadas y frecuentes que se dirigen a las asociaciones judiciales es su actuación clientelar. El clientelismo es un mal que aqueja la política, la economía y, desgraciadamente, también el mundo judicial. La asociación judicial, no solo la APM, actúa de cacique que promueve a sus miembros, solo a los más leales, para ocupar diferentes cargos judiciales cuyo nombramiento es discrecional. Hemos de acabar definitivamente con el clientelismo judicial, ese vergonzante intercambio de favores, criticado privadamente y repudiado públicamente, que impregna el sistema discrecional de promoción profesional en la carrera judicial. Son muchas las razones. Primero, porque vulnera el principio de mérito y capacidad que debe presidir la promoción en la carrera judicial. Segundo, porque nos impide desarrollar una carrera que premie la experiencia y el mérito, mientras nos obliga a permanecer lastrados con un sistema reglado de antigüedad que resulta insatisfactorio. Tercero, porque aleja a los jueces de sus asociaciones y también de algunos cargos judiciales, ya que sencillamente no les gusta verse relacionados con esas prácticas corruptas. Cuarto, porque perjudica la reputación de todos los jueces que acceden a cargos discrecionales. Es indudable que muchos de ellos son nombrados por méritos propios, pero, en el mejor de los casos, se ven rodeados de un halo de sospecha, y, en el peor, se ven obligados a participar en un sistema corrompido. Quinto, perjudica la reputación de los que participamos activamente en las asociaciones. Aunque la mayoría no busquen recompensas, se ven obligados a soportar la fama de los que no tienen otro camino distinto al de trepar en la carrera. Sexto, porque deprime el debate interno y alienta el silencio en el seno de la asociación, ya que la discrepancia se castiga con el aislamiento. Resultado de todo ello, es la ausencia de participación y debate, que deja detrás de si un páramo ideológico.

Frente a ese camino gremial y clientelar, deberíamos ofrecer un proyecto asociativo profesional, cuyo objetivo central sea la defensa de la independencia y la eficacia del Poder Judicial, sobre el que sumar otras reivindicaciones corporativas.

El primer cambio que deberíamos abordar sería interno. Deberíamos combatir ese clientelismo judicial con transparencia y objetividad. Nuestro objetivo asociativo debería ser el diseño legal de procedimientos de promoción, en los que el mérito y la capacidad de los candidatos sean los elementos decisivos de los nombramientos. Es indudable que el Consejo ha de tener un margen de discrecionalidad, pero ese margen ha de ejercerse entre candidatos igualmente cualificados. Deberíamos convertirnos en garantes de la transparencia del procedimiento de selección y no en promotores de postulantes.

En segundo lugar, deberíamos abordar el tema de la selección de los vocales judiciales del CGPJ. El sistema actual es un auténtico fracaso. Por mucho que insistamos en las diferencias entre el Consejo y los Tribunales, así como la rabiosa independencia de estos, lo cierto es que la negativa de los partidos políticos a cambiar el sistema de elección y su descarnada lucha por no perder su presencia en dicho órgano, trasmiten un mensaje que debilita inexorablemente la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de sus jueces. Llevamos años defendiendo la elección por los propios jueces, pero no hemos sido capaces de convencer ni a los partidos políticos más cercanos, que, a pesar de haber tenido la ocasión, no han querido cambiar el sistema. Es hora de buscar alternativas, de movernos de nuestras posiciones, de consensuar un sistema en que los partidos políticos pierdan influencias, sin que nuestro órgano de gobierno se convierta en un órgano de gobierno corporativo. La confianza de los ciudadanos en sus tribunales exige que pacifiquemos el sistema de elección de los vocales. Es indudables que, acabar con el clientelismo y regular un buen sistema de elección de altos cargos judiciales, que limitase la necesaria discrecionalidad del CGPJ, reduciría el apetito de los partidos políticos por su control.

En tercer lugar, la Asociación ha de liderar una profunda reforma de los órganos de primera instancia de todas las jurisdicciones, incluyendo la instrucción, integrando a todos los jueces en órganos que sean capaces de coordinar su actuación y mejorar su eficiencia. Nuestra obligación es tutelar de forma efectiva los derechos de los ciudadanos, para lo que debemos mejorar en eficacia y en diligencia, en previsibilidad, especialidad y calidad de nuestras resoluciones. Tenemos que convertirnos en un activo social, en la forma eficaz de resolver conflictos, no la manera de cronificarlos. Si no lo conseguimos, nos convertiremos en un depósito de asuntos de bagatela, irrelevantes en una sociedad moderna, cuyos ciudadanos y empresas buscarán alternativas para resolver sus conflictos reales.

En cuarto lugar, junto a esos cambios organizativos, hemos de diseñar una nueva carrera, que premie la experiencia, pero que deje de ser indiferente al esfuerzo y a la responsabilidad profesionales. No puede ser que la carrera dependa exclusivamente de la antigüedad, hemos de introducir elementos, con las debidas cautelas, que premien el esfuerzo profesional, la calidad y el compromiso de mejora.

Por último, de la mano de esa modernización de la organización judicial y de la carrera profesional, hemos de hacer reivindicaciones retributivas y estatutarias. Hoy es imposible, por justo que nos parezca, reclamar mejoras sin ofrecer cambios importantes. Creemos que la experiencia de estos últimos años es la prueba más convincente de esa afirmación. En la medida que seamos capaces de dar una respuesta más eficaz, estaremos en mejores condiciones de luchar por nuestras justas demandas corporativas. Pero, sin esos cambios, nuestras reclamaciones quedarán a la cola de las de otros colectivos.

Esperamos disponer de candidatos que sepan presentar un proyecto convincente, que nos reponga en el camino del compromiso institucional. Un proyecto intergeneracional, que comprometa a los mayores a cumplir con el deber de devolver una carrera mejorada a los que nos sucedan, así como a los más jóvenes a luchar por su futuro.

(Imagen: «Pirámide de calaveras», Paul Cézanne)