Al servicio de Cataluña y del sistema constitucional

by Eduardo Pastor Martínez

En el día de ayer el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentó una Proposición de modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. La propuesta de modificación tiene por objeto la aprobación de un complemento de destino por circunstancias especiales para los jueces y fiscales destinados en Cataluña.

La medida reconoce la labor desempeñada por los jueces y fiscales durante los últimos años en Cataluña, de firme compromiso en la defensa del Estado y de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. También su recto y leal servicio constitucional para la cohesión social, con respeto a la realidad plural de Cataluña, pero con una nítida sujeción al imperio de la Ley en el desempeño de su función.

Nada de esto supone una buena noticia. Durante los últimos dos años casi un centenar de jueces y fiscales han abandonado Cataluña, en el contexto de una sociedad profundamente dividida y de una campaña de desprestigio y acoso al Poder Judicial impulsada por los órganos de gobierno autonómico y por los líderes independentistas, que los instrumentalizan en contra de la convivencia entre catalanes. No solo son los jueces y fiscales. Con el hostigamiento del Poder Judicial español se persigue debilitar nuestro sistema constitucional y los valores superiores que lo sostienen: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los jueces y fiscales catalanes han permanecido en el lugar donde razonablemente cabía esperar que estuvieran: en el de la defensa del sistema jurídico que ha hecho de España un país pacífico y moderno, ubicado en el corazón de Europa y asimilable al resto de democracias de nuestro entorno occidental. Por eso la noticia, sin ser buena, merece ser celebrada por esperanzadora.

La Proposición de Ley es un éxito de la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria allí en la carrera judicial, que ha trabajado de manera discreta y constante durante los últimos dos años para la consecución de este objetivo. No se trataba de satisfacer un interés de sus asociados, sino de procurar estabilidad a los órganos judiciales catalanes y evitar su progresivo deterioro, garantizando la existencia de una administración de justicia profesional en Cataluña. De todo esto pueden extraerse dos conclusiones relevantes.

La primera de ellas es que los jueces y fiscales catalanes siguen estando llamados a intervenir como sembradores de concordia en una sociedad convulsa, víctima de líderes políticos irresponsables que han conducido hasta el borde del abismo a una de las regiones más prósperas de Europa. No se trata de descansar sobre los hombros de los jueces y fiscales el peso de la supervivencia del estado de derecho en Cataluña. Pero, frente al debilitamiento del resto de las estructuras políticas nacionales y autonómicas, asoladas por el oportunismo político, los ciudadanos deben poder confiar en la existencia de mecanismos sólidos para la salvaguarda de sus derechos y la preservación del sistema normativo que los hace posibles. Por eso en Cataluña es más necesario que nunca fortalecer la presencia de jueces y fiscales profesionales y dotarles de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de sus funciones.

La segunda de ellas, que opera en el plano estrictamente judicial y asociativo, es que ya no es posible la existencia de asociaciones judiciales construidas a imagen de un viejo modelo de partidos políticos ya agotado, que pudo haber sido útil en su momento, pero que ha sido abandonado por los ciudadanos a causa de sus excesos y falta de ejemplaridad. El deterioro de ese modelo es evidente en su contraste con el paradigma y resultados de estos buenos jueces catalanes. Es cierto que la Proposición es solo una expectativa, pero se encuentra respaldada por  grupos significativos en el Congreso de los Diputados y mientras, en las últimas fechas, el Gobierno de la nación ha variado su discurso político, para advertir de la deriva desordenada y violenta para la convivencia en Cataluña. El cambio de discurso puede ser suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos por iniciativa de los jueces catalanes, sea cual sea el resultado de la Proposición que, en cualquier caso, se antoja muy favorable.

De este modo, la primera y única opción de avance estatutario de auténtico calado que se ha conseguido durante los últimos años para los jueces españoles se ha alcanzado por el único colectivo, la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha censurado la construcción de una unidad asociativa por sola oposición al CGPJ y a su presidente, que por lo tanto no es tal por hallarse huérfana de todo contenido y, desde luego, de resultados. También por el único colectivo que ha advertido de los riesgos inherentes a una transformación de los mecanismos de participación asociativa que dé cabida a un populismo que ya está vivamente presente en la carrera judicial, máxime cuando quienes han tolerado esas reformas no creen efectivamente en ellas, porque tras su paso la asociación judicial mayoritaria en España bien puede quedar sumida en un grave desconcierto. A su vez, esa conquista estatutaria se ha logrado por quienes entienden que una huelga de jueces es extraña a la naturaleza de su desempeño constitucional y, en cualquier caso, incoherente con el simultáneo silencio ante la crisis política abierta recientemente por la renovación del CGPJ. También por quienes consideran que el favor de la opinión pública solo se obtiene mediante la difusión insistente a través de los medios de comunicación social de un mensaje positivo, de credibilidad, responsabilidad y prestigio, que se haga merecedor de la confianza y amistad de los ciudadanos. Por fin, por quienes están dispuestos a convivir con las maneras del poder político para que las cosas mejoren razonable y progresivamente, pero sin arriesgar nunca la estabilidad de las instituciones.

Ese reconocimiento se ha logrado por un grupo de buenos jueces, trabajadores y altruistas, que entienden bien que el único sentido del asociacionismo judicial es el de devenir instrumento activo al servicio de Cataluña y del sistema constitucional español.

Abandoné Cataluña hace dos meses, después de ocho años de trabajo y vida familiar. Brindo por todo eso. Brindo por mis amigos. Y me enorgullezco de todos ellos.