Conciliación laboral

LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL

Emilio Fernández Gallardo
Letrado de la Administración de Justicia

Cuando se habla de los principios del procedimiento laboral se enumeran los de inmediación, oralidad, gratuidad… Sin embargo, suele olvidarse uno de los fundamentos del mismo: intentar evitar por todos los medios la decisión del litigio por un tercero. El legislador considera que la autocomposición del conflicto por las partes es más beneficiosa para ellas que su resolución por el juzgador. Prueba de ello son todos los instrumentos legales que los litigantes tienen a su disposición para llegar a un acuerdo: la conciliación o mediación previa ante el servicio administrativo correspondiente; el arbitraje; la conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia -en adelante, LAJ- antes de juicio o, incluso ante el Juez, en el mismo acto de juicio. Así mismo se permite la transacción entre las partes, que deberá ser homologada judicialmente, en fase de ejecución o durante la tramitación del recurso de suplicación.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que entró en vigor en mayo de 2010, y que entre otras leyes, modificó el T.R. de la Ley de Procedimiento Laboral de 1985, atribuyó, por primera vez, al LAJ la conciliación en el procedimiento laboral, haciendo así efectiva la labor mediadora que la LOPJ ya le reconocía como propia en el artículo 546 desde el año 2003.

Tal atribución libera al juzgador de una tarea que no es estrictamente jurisdiccional, al tiempo que permite que el conflicto sea resuelto por un miembro del órgano judicial – el LAJ- que en ningún caso se verá contaminado por lo manifestado por las partes en el acto de conciliación. Por otro lado, los litigantes se encuentran más libres para acercar sus posiciones al no hallarse ante la persona que debe resolver el conflicto surgido entre ellas.

La conciliación ante el LAJ, tal como está configurada actualmente en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social – en adelante, LRJS-, tiene las siguientes notas características: obligatoriedad, naturaleza judicial, aprobación mediante decreto, fuerza ejecutiva y posibilidad de impugnar su validez, tanto por las partes como por terceros perjudicados.

La Ley dota de carácter obligatorio al acto de conciliación ante el LAJ. Así resulta del art.82.1 de la LRJS, que establece de forma imperativa que el decreto de admisión de la demanda deberá contener el señalamiento del día y hora para dicho acto y para el de juicio. Ambos actos se celebrarán en una única convocatoria de forma sucesiva, el primero ante el LAJ y el segundo ante el Juez (art.82.2 LRJS).

El artículo 84 de la LRJS no sólo mantiene la atribución de la conciliación al LAJ, sino que expresa de forma determinante el carácter judicial de la misma, siguiendo así al sector doctrinal que considera que la atribución de tal carácter trae causa, no del órgano judicial que la lleva a cabo, sino del hecho de desarrollarse dentro del proceso, una vez ya iniciado el mismo.

La aprobación de lo acordado por las partes, siempre que no sea constitutivo de lesión grave para alguna de ellas o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público, corresponde al LAJ mediante decreto, que puede adoptar la forma oral o escrita, pero que en todo caso debe documentarse en la propia acta de comparecencia. Si el LAJ considera que no procede la aprobación del acuerdo, por alguna de las causas expresadas, advertirá a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebración del acto del juicio. En este caso la ley prevé hasta dos nuevos intentos de conciliación ante el Juez: el primero, antes del inicio del juicio oral, admitido de forma tácita en el artículo 84.3 de la LRJS. El segundo, una vez terminada la fase de prueba y antes del trámite de conclusiones, previsto en el art.85.8 de la misma Ley.

Lo acordado en conciliación, ya sea ante el LAJ o ante el Juez, tiene fuerza ejecutiva, pudiendo ser ejecutado por los trámites de ejecución de sentencia (art.84.5). Ello supone un importante estímulo para las partes para intentar la conciliación, al tener garantizado el cumplimiento de lo acordado entre ellas de la misma manera que se garantiza el cumplimiento de lo acordado en sentencia.

Tanto las partes como los terceros que se consideren perjudicados por lo acordado por aquéllas, pueden ejercitar la acción de nulidad de la conciliación judicial. En el primer caso, la acción puede apoyarse en cualquiera de las causas que invalidan los contratos (violencia, intimidación, dolo, error o falsedad de la causa ex artículo 1301 del Código Civil). En el segundo, en ilegalidad o lesividad. La acción se ejercitará, en uno y otro caso, a través de la correspondiente demanda, por la modalidad de proceso ordinario, ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido inicialmente el asunto. Se establece un plazo de caducidad para ejercer la acción de nulidad de treinta días, que para las partes se inicia desde la celebración del acto de conciliación y, para los terceros perjudicados, desde que hubieran podido tener conocimiento del acuerdo (artículo 84.6 LRJS). Además, el decreto aprobatorio de la conciliación es susceptible de recurso de revisión ante el Juez, al serle de aplicación lo establecido en el artículo 188.1 de la LRJS.

Todos estos atributos legales de la conciliación ante el LAJ, han contribuido a que en los últimos años haya aumentado de forma exponencial el número de conflictos laborales resueltos a través de la misma. Así, mientras en el año 2008 el porcentaje de asuntos resueltos por conciliación judicial era del 12,55%, en el año 2016 la proporción es de un 22,29%, según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial. También es muy significativo, aunque no existen datos estadísticos al respecto, que el número de ejecuciones dimanantes de actos de conciliación es ínfimo comparado con las derivadas de resoluciones judiciales impuestas a las partes.

En base a los buenos resultados de la conciliación judicial como instrumento en la resolución de conflictos en la jurisdicción social y su menor coste económico, tanto para las partes como para la Administración, se podría plantear la posibilidad de su extensión, con una regulación semejante, a otros órdenes jurisdiccionales, principalmente el civil, dónde la conciliación tiene actualmente un carácter residual y voluntario.

(Imagen: J. Pollock, “One”, MOMA, Nueva York)

Comentarios

  1. Indudablemente que estamos ante una institución muy útil. También es recomendable siempre su uso en la práctica profesional de los abogados quienes podemos y debemos limar pretensiones con cierta objetividad para acercar posturas aparentemente conflictivas que con cierto sentido común dejan de serlo. La audiencia previa prevé ya dicho trámite pero es recomendable entre Letrados explorar esa posibilidad incluso antes de entrar en Sala, dejando a un lado también ciertos recelos profesionales pues un acuerdo siempre nace de la voluntad de las partes y no de la de un tercero.

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