La reforma del sistema judicial, como cuestión pendiente, es un tema que se ha convertido en un tópico. Sucesivamente, todos los gobiernos sin excepción prometen llevar a cabo una transformación en profundidad de nuestra vetusta administración de justicia y todos, inexorablemente, fracasan en el intento. Recordemos el lejano Libro Banco de la Justicia, elaborado por el CGPJ en 1997 o el “Pacto para la reforma de la justicia” del también distante año 2001, que dio lugar al diseño de la una nueva ofician judicial que hoy en día, quince años después de la reforma de la LOPJ, solo se ha implantado en algunos partidos judiciales y con resultados que hemos de calificar, benévolamente, de pobres. Algunos Gobiernos lo han intentado unilateral pero seriamente como, por ejemplo, el ministro Caamaño (PSOE), que en el año 2010 propuso algunos importantes cambios en la organización judicial. Algo después también hizo lo propio el ministro Gallardón (PP), pero ambos proyectos disfrutaron del mismo fracaso como destino compartido.

La reforma de la administración de justicia es, indudablemente, un tema que está en la agenda de cualquier Gobierno. Su necesidad es tan notoria que no voy a esforzarme en justificarla. Pero, si es así, es necesario preguntarse por qué los reiterados fracasos para consumarla. Supongo que son diversas las razones, algunas coyunturales y otras estructurales, las que han contribuido a ese fracaso. Yo creo que sus campeones fueron incapaces de medir correctamente sus capacidades y las fuerzas opuestas al cambio que se proponía. Ahora bien, los reformadores también tienen en común que, cuando comprobaron la virulenta respuesta de los sectores afectados y la escasa rentabilidad política de esas medidas, renunciaron rápida y temerosamente a su proyecto.

No se trata de repartir culpas y mucho menos de imputar puerilmente toda la responsabilidad a los lideres políticos. Cada uno debemos asumir la parte que nos corresponde y creo que, a los jueces, que nos hemos resistido numantinamente a los cambios en nuestra rutina, nos corresponde una parte que no es precisamente menor. En nuestro descargo diré que ningún Gobierno ha sabido incentivar oportunamente para compensar las cargas que representan esos cambios.

A pesar de todo, hemos de reconocer los importantes esfuerzos que se han hecho, las indudables mejoras que se han operado en la administración de justicia durante las últimas décadas y que, en definitiva, disfrutamos de un sistema judicial independiente, imparcial y honesto. Sin embargo, creo que cualquier profesional podrá corroborar que el sistema es ineficaz, no solo para resolver las cuestiones económicamente relevantes, sino las especialmente complejas. No se trata de crear más plazas de jueces, lo que no es sino un simple error, sino de formarlos mejor, de especializarlos, de dotarlos de mejores medios, personales y materiales, de retribuirlos adecuadamente y de exigirles el rendimiento profesional correspondiente a esas mejoras.

Ahora la reforma debería comenzar por un objetivo modesto. Ese objetivo sería el de conseguir que las cosas funcionen correctamente tal y como están diseñadas en la actualidad. En primer lugar, las plantillas de funcionarios judiciales deberían estar dotadas de profesionales correctamente formados, lo que exige un eficiente sistema de formación continuada actualmente inexistente. También que sus retribuciones fueran las adecuadas a sus funciones, su responsabilidad y a su productividad, cosa que tampoco sucede. Hay que hacer planes masivos de recluta y formación de funcionarios judiciales, que estos puedan disfrutar de un estatuto profesional estable, que sean retribuidos con criterios razonables, ligados a sus funciones, responsabilidad y productividad. Este plan ha de ir acompañado de la exigencia de responsabilidad a los que no cumplen con su trabajo de forma adecuada.

En segundo lugar, ha de volverse a pensar el papel que el letrado de la administración de justicia (el secretario judicial) debe desempeñar entre el juez y la oficina judicial, ya que su rol está realmente mal diseñado y, en demasiados casos, se ha convertido en un problema más que en una solución para la tramitación de los procedimientos.

En tercer lugar y pensando por fin en los jueces, es necesario desarrollar una carrera judicial ligada a la especialización, a la calidad y al rendimiento, que vaya acompañada de un nuevo sistema de retribuciones que la ligue a su productividad, a su especialidad y a la calidad de sus resoluciones, de modo que constituya un autentico incentivo para agilizar los procedimientos y dar una tutela eficaz, cualitativa y cuantitativamente, a los ciudadanos.

En cuarto lugar, hemos de implantar paulatinamente el expediente electrónico. El objetivo es irrenunciable y los jueces hemos de prestar toda nuestra colaboración en su éxito. Pero no podemos pretender que pasar de una situación artesanal como la actual a la implantación de las nuevas tecnologías, sin haber mediado siquiera una suerte de necesaria revolución industrial, pueda ser sencillo.

Estas medidas permitirían mejorar la administración de justicia de forma sustancial, no generarían rechazo alguno y, lo que es más importante, construirían la base necesaria para acometer una reorganización de los jueces y de la demarcación judicial. Esa ambiciosa reforma, “la reforma pendiente”, solo puede hacerse sobre la base de un pacto que no solo incluya a políticos, sino también y esto es mucho más importante, a los profesionales concernidos. Los políticos, con la responsabilidad de gestionar la “cosa pública”, a veces olvidan que no solo hablamos de un poder del Estado, con una importante faceta de servicio público, sino también del medio de vida de miles de personas.

Solo así, empezando por el principio, se podría conseguir la confianza necesaria para acometer las reformas imprescindibles que cambien la fisionomía de nuestra vetusta administración.

Acometer estas modestas propuestas es imprescindible, bien sea como paso previo a una reforma en profundidad, bien sea presupuesto insoslayable de esa misma reforma. Ahora bien, si no las acometemos, cualquier otra nueva, imaginativa y ambiciosa propuesta estará condenada al mismo fracaso que sus precedentes.

Foto: Luis Eguiagaray, Playa de Jökulsárlón, Islandia.