«La principal crítica que se plantea a la PPR es que no ofrece seguridad plena al condenado del límite de cumplimiento de la pena, lo cual choca con la obligada resocialización y reeducación a la que deben estar orientadas las penas, según el artículo 25.2 CE. A su vez, los detractores de la PPR sostiene que colisiona igualmente con el art. 15 CE, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes y, también, al art. 10 CE por ser contraria a la dignidad de las personas».
«Estoy segura que, por lo menos una vez al año, los jueces se enfrentan a situaciones donde la víctima, el testigo o la parte no pueden acudir presencialmente al Juzgado por residir en otro país, pero sí están dispuestos a prestar declaración. A pesar de que la Unión Europea y nuestros legisladores han hecho una labor estupenda para regular la práctica de este tipo de pruebas en materia Civil y Penal, proporcionando herramientas fantásticas a través de la Red Judicial Europea y el Prontuario Judicial, en la práctica, me sigo encontrando con silencios, negativas u obstáculos constantes, es un veto invisible».
«En fecha 13 de diciembre de 2017 la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, dentro del marco del Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 por la Comisión Permanente del CGPJ, acordó la adopción de medidas efectivas para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de los participantes y expositores en el Mobile World Congress a celebrar en Barcelona durante los días 26 de febrero a 1 de marzo de 2018».
«(…) la complejidad de las relaciones jurídicas y la imposibilidad para cualquier profesional de mantener una formación al máximo nivel en todo el espectro de la normativa civil y mercantil, y la necesidad de dar mayor seguridad y certeza a las resoluciones judiciales, requiere avanzar en el diseño de especialidades».
«(…) sinceramente creemos que ha llegado el momento de buscar soluciones que permitan no solo mejorar la eficiencia de la justicia, midiendo únicamente la duración de los procesos hasta llegar a sentencia, sino acabar también con los largos períodos de tramitación de las ejecuciones y, por supuesto, aumentar los bajísimos ratios de recuperación que hasta la fecha se obtienen de las mismas, unos índices muy alejados de los que serían deseables en una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra».
«Quien ostenta un puesto representativo debe cumplir con las normas como cualquier otra persona, sobre todo cuando se trata de la norma más importante de nuestro sistema, la Constitución. Lo curioso de nuestro sistema político es que la misma Constitución permite la defensa de una gran amplitud de opciones políticas, incluso es posible defender (como ideología) el cambio del sistema vigente; la Constitución no prohíbe presentarse a las elecciones y ser elegido representante público defendiendo, por ejemplo suprimir la propia Constitución».
La clave judicial 