Citius, altius, fortius

Henri Didon fue un sacerdote dominico francés y uno de los impulsores de los juegos olímpicos modernos. El padre Didon, siendo director de la Escuela San Alberto Magno en Arcueil, tuvo la idea de bordar el lema “Citius, Altius, Fortius” en la bandera de su escuela para una competición deportiva que se celebró en enero de 1891. Más rápido, más alto, más fuerte. Posteriormente, la frase fue reproducida por el barón Pierre de Coubertin, amigo del padre dominico, en la inauguración de los primeros juegos olímpicos modernos celebrados en 1896 en Atenas. Y así ha llegado hasta nuestros días, como un lema olímpico, que resume perfectamente la cultura del trabajo y el esfuerzo como medio para alcanzar nuestros objetivos.

Es preciso tener claro cuáles son nuestros objetivos si queremos dotar de sentido cualquier camino a recorrer. El problema surge cuando, como sociedad, no tenemos claros los caminos que debemos andar o cuando nos vamos colocando obstáculos en el recorrido lo que, muchas veces, termina por conducirnos por itinerarios que desembocan en lugares donde las instituciones del Estado pueden verse seriamente deterioradas. En esos malos caminos que muchos han optado por seguir, comprobamos hoy que poco a poco se van tensando las costuras del Estado y, aunque tengamos – o así lo creamos – un Estado de derecho fuerte, lo cierto es que el progresivo desgaste de las instituciones inevitablemente acabará pasando factura.

No es necesario retroceder demasiado en el tiempo para encontrar ejemplos de ello, esta misma semana hemos asistido con una mezcla de asombro y preocupación a tres episodios que reflejan muy bien esa erosión de nuestras instituciones.

El primero de esos episodios ha sido la destitución por el Ministerio de Justicia del encargado del departamento de derecho penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal. Edmundo, como saben, fue el abogado del Estado encargado de la causa seguida ante el Tribunal Supremo por el proceso independentista catalán. Según ha trascendido, el pasado verano hubo un intento frustrado de destitución por la presentación de un informe que advertía de la necesidad de defender al juez Llarena, como autoridad del Estado que es, ante el proceso que se sigue en Bélgica iniciado por Carles Puigdemont y algunos de sus consellers huidos. Pasó la primera prueba, pero no la segunda, la de haber defendido después la existencia de un delito de rebelión frente al escrito de acusación que finalmente firmó la Abogada General  y que omitía toda referencia a la violencia en el relato de los hechos, calificándolos como constitutivos de un delito de sedición, sin duda grave, pero más amable en su consecuencias con los procesados.

El segundo episodio ha sido el del espectáculo sucedido en el Congreso de los Diputados, con la expulsión de Gabriel Rufián del hemiciclo tras un rifirrafe con Josep Borrell, acompañado de, no está claro si amagado o consumado, salivazo a este último por parte de otro parlamentario del partido del primero. Como se trata de un tema que nos queda un poco alejado de los que son más habituales para este blog, me limitaré a citar las dos palabras utilizadas por uno de los implicados para referirse al otro. Serrín y estiércol. El ingenio descubre a su autor.

El tercer episodio, el más grave de todos, tiene como protagonista al portavoz del partido mayoritario en el Senado y sus mensajes lanzados a un grupo de más de un centenar de personas, con la torpeza de esperar que podía existir un deber de confianza en todos y cada uno de los receptores. Ya se sabe, secreto entre dos, lo sabe Dios, secreto entre tres, descubierto es. Pero lo censurable no es la ineptitud de enviar ese mensaje, lo verdaderamente preocupante es su contenido. El manifestar abiertamente y sin tapujos que iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde atrás” o que los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal eran una cuestión de partido. Una obscenidad lanzada directamente en forma de flecha al corazón de la independencia judicial.

Estos tres episodios son síntomas de la misma enfermedad que ya adelantaba al principio, el progresivo deterioro de las instituciones del Estado. Hay grupos que, sin máscaras, están recorriendo ese camino con el firme propósito de destruir los pilares de nuestro Estado de Derecho. Pero hay otros que se siguen empeñados en funcionar con fórmulas del pasado y desprestigian instituciones cuando su labor precisamente debería ser fortalecerlas frente a cualquier ataque. Y en esos tres ejemplos se reflejan conductas de este último grupo. Se destituyó al técnico que se limitó a hacer su trabajo con profesionalidad y honestidad. Se denunció haber creado un ambiente de crispación a los miembros de otros grupos parlamentarios que ni habían escupido ni tampoco insultado. Y se mantuvo en el cargo a quien groseramente afirmó que controlaría el Poder Judicial, teniendo que renunciar a su candidatura un magnífico profesional, con el consiguiente riesgo de regalar munición a quienes quieren torpedear el juicio del procés.

El problema es que no parece que haya propósito de enmienda. No se termina de trazar una línea y se alza la voz diciendo, hasta aquí hemos llegado. Y en ese camino perdemos todos, incluidas las instituciones. Pierde credibilidad el Ministerio de Justicia, se desprestigia el Congreso de los Diputados y se debilita la apariencia de independencia del Poder Judicial. Y todo eso nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto pueden aguantar las costuras del Estado sin terminar de resquebrajarse? Desde luego que no indefinidamente.

Por eso es preciso reencontrar el camino para hacer frente a este desafío. Es necesario recuperar la fortaleza de las instituciones como medio para apuntalar nuestro Estado de Derecho frente a los embates dirigidos a su destrucción y como garantía para asegurar la pervivencia de nuestro sistema de convivencia. Es necesario luchar más rápido, más alto y más fuerte, trabajando siempre dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico, con las reformas que sean necesarias y sin perder de vista un objetivo inmediato y concreto: volver a prestigiar nuestras instituciones como medio de garantía de nuestra democracia.

(Imagen, JJOO Atenas 1896)

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