PROBLEMAS ACTUALES EN LA LUCHA CONTRA LAS FALSIFICACIONES: LA OPERACIÓN PINAR

José Antonio Moreno Campos

Director General ANDEMA

El delito contra la propiedad industrial nunca se desarrolla solo, sino que va de la mano de otros delitos como blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas o prostitución. En definitiva, crimen organizado.

La actuación de las fuerzas policiales ante la distribución y venta de artículos falsificados es fundamental, puesto que supone un freno a esta actividad ilícita y permite una involución de estas tendencias perniciosas para la sociedad y economía españolas. El comercio de falsificaciones no sólo afecta a las grandes marcas. Esta actividad ilegal supone también una competencia desleal para el tejido comercial lícito de cada barrio de España, ya sea en establecimiento físico o ambulante. Según datos recientes ofrecidos por la Confederación Española de Comercio, se cifra en 100.000 los comercios que pueden cerrar en los próximos años, única y exclusivamente por culpa de las falsificaciones. De no actuar contra las falsificaciones, se produciría de manera innegable un aumento de la delincuencia y del fenómeno de venta ilícita ambulante y callejera de productos falsificados ante una clara sensación de impunidad.

Así ha sucedido en la Junquera y en la zona de Els Limits (ambos en Gerona), históricamente dos puntos negros en la distribución y venta de falsificaciones en nuestro país, donde el número y la gravedad de los delitos ocurridos han ido en aumento. Y ello a pesar de las numerosas intervenciones que han llevado a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ambas zonas durante los últimos diez años, pero sin que el problema se solucionara una vez que la intervención hubiera terminado.

El 9 de diciembre del 2016, y tras más de tres años de investigaciones, agentes de la Policía Nacional procedentes de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UCDEV y agentes de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona, con apoyo de miembros de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, realizaron una de las intervenciones más importantes contra la distribución y venta de productos falsificados, llegando a desmontar una organización criminal que se encargaba de almacenar el material falso, distribuirlo y venderlo en comercios de la Junquera y la zona de Els Limits.

La intervención policial conocida como “Operación Pinar” se saldó con el registro e inspección de 55 establecimientos y domicilios, el arresto de 71 personas y la incautación de 264.980 efectos de más de 243 marcas afectadas de productos textiles, calzado, relojes, gafas de sol, artículos de piel, joyas y otros bienes. Las investigaciones policiales que se sucedieron durante 3 años, pudieron demostrar que el volumen de dinero que movía este negocio ilícito de venta y distribución de falsificaciones estaba cifrado en 5,2 millones de euros. Por otro lado, la organización criminal consiguió blanquear hasta 9 millones de euros. Todas estas cifras demuestran la magnitud del problema y el perjuicio que su tolerancia causa a la sociedad española. Las cifras también nos indican que detrás de este tipo de delitos hay grupos criminales muy bien organizados y estructurados, donde predomina un reparto de las funciones y se coordinan las distintas fases del negocio: la importación de los bienes procedentes principalmente de China, Turquía o fábricas en Portugal; la gestión del transporte de mercancías por carretera hasta almacenes mayoristas; su distribución al pequeño comercio y, finalmente, la puesta a disposición del material falsificado a terceros para su compra.

Pero las funciones de esta organización criminal no acaban ahí, sino que disponían de su propia red de vigilancia distribuida en puntos estratégicos para controlar la presencia policial en la zona y dar el aviso para que los comercios pudieran cerrar sus establecimientos, a fin de impedir a las autoridades controlar qué se vendía en dichos locales. Para el desarrollo del delito de blanqueo de capitales, la organización criminal había desarrollado un complejo entramado bancario, a fin de mover las ganancias generadas con empresas de su red bajo falsos encargos y contratos. También se utilizaban otros métodos más burdos de ocultación, como el envío de dinero al extranjero por carretera, utilizando la misma red de transporte de las falsificaciones.

Desde la Operación Cuarzo de 2014, en el mercado de A Pedra de Vigo, las fuerzas policiales vinculan los delitos de propiedad industrial con el de blanqueo de capitales, algo fundamental para que las intervenciones contra delitos que vulneran la propiedad industrial hayan aumentado su visibilidad mediática y su efectividad. Además, facilita la adopción de importantes medidas cautelares, como la retención de los responsables en prisión, el bloqueo de las cuentas bancarias y la incautación de bienes para evitar que sean alzados por terceras personas y, lo más importante, el cierre de los establecimientos comerciales y almacenes donde se producía el delito, a fin de evitar la reincidencia en el tipo penal por parte de los mismos o de otros infractores de la misma organización criminal.

En el caso de la “Operación Pinar” llevada a cabo en La Junquera y Els Limits, el éxito logrado en la intervención policial fue en vano cuando aún en fase procesal, se decretó el levantamiento parcial de las medidas cautelares que permitían la reapertura de los establecimientos infractores. Una vez reabiertos, y según se ha podido demostrar en un informe elaborado por las partes, a día de hoy se continúa vendiendo falsificaciones por parte de los mismos infractores, de forma impune.

Estos graves hechos han sido recogidos por el gobierno de Estados Unidos, que ha vuelto a incluir a España (después de 4 años sin aparecer) en su particular lista negra, la 2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets, que señala el mercado de Els Limits de la Jonquera como uno de los principales mercados de venta de falsificaciones en el mundo. El documento del gobierno americano incide en que los esfuerzos de las autoridades policiales, como de los titulares de marcas por cerrar este mercado delictivo y prevenir la venta de material falsificado, han sido revertidos. Este informe anual señala cada año aquellas plataformas de comercio electrónico y aquellos mercados físicos en el mundo donde, de manera flagrante, se vulneran los derechos de propiedad industrial e intelectual, causando un grave perjuicio económico a los titulares de estos derechos.

La inclusión de España en dicha lista provoca que sus relaciones comerciales con el país americano, así como el resto de sus socios internacionales, se vean dificultadas, al entenderse que nuestro país no cumple sus compromisos de respetar los derechos de propiedad industrial, allí donde se ven amenazados. El informe del gobierno de Estados Unidos urge a España a tomar todas las medidas necesarias para investigar y encarcelar tanto a los distribuidores como a los comerciantes que venden falsificaciones, y así asegurar que la ley pueda ser aplicada en contra de los infractores que la evaden.

¿Pero qué puede hacer España por revertir esta situación? Parece claro que el desarrollo de operaciones policiales y la correcta aplicación de la ley por parte del poder judicial son esenciales para que intervenciones contra productos falsos como la “Operación Pinar” puedan suponer un freno, y permitan una involución de estas tendencias perniciosas para la sociedad y la economía españolas. Asimismo, existen otros factores pendientes de resolver en la lucha contra las falsificaciones por parte de los cuerpos policiales y judiciales de nuestro país, como el problema del transporte y almacenamiento de los artículos intervenidos en operaciones por delitos contra la propiedad industrial ante la falta de depósitos judiciales. En efecto, se trata de una de las necesidades más acuciantes, aunque de nada sirve tener espacio para almacenar estas mercancías falsas si no se decreta su rápida destrucción, pues nos encontramos ante objetos de ilícito comercio que no pueden ser revendidos ni devueltos al infractor. Por ello, su destrucción, tras realizar el oportuno examen pericial de las muestras y comprobar la falsedad del género, es a todas luces adecuada.

Parece claro que el camino de España para salir de la 2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets es colocar la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial en un lugar más alto de la lista de prioridades políticas, mediante la creación de un Plan Nacional de Lucha contra las Falsificaciones.. Ello se debe traducir en una mejor dotación a las fuerzas de “enforcement” (cuerpos policiales y agentes aduaneros) de mayores recursos humanos y técnicos, favoreciendo la coordinación interpolicial y la coherencia con las acciones de las policías locales, permitiendo el bloqueo de páginas webs cuando no cumplan con los requisitos de información de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, dotando a los juzgados y tribunales de mayores herramientas para hacer frente a esta tipología de delitos.

Sería importante que el poder judicial fuera consciente de lo que se esconde detrás de la distribución y venta de falsificaciones, tráfico que se ha convertido en el más lucrativo para el crimen organizado después del tráfico de armas. La tentación de contemplar este tráfico como un problema como un delito sin víctimas, como un conflicto entre entes privados ha privado en el pasado a los titulares de marcas de fallos judiciales que sean los suficientemente desincentivadores de esta práctica que destruye la innovación, el comercio leal, la investigación, la creatividad, el prestigio de las marcas… El caso de La Junquera marcará un antes y un después en la señal que el Estado, a través de su poder judicial, manda a las mafias que hay detrás de este negocio ilícito. Si la respuesta es tibia, los falsificadores estarán encantados de saber que hay puntos negros donde poder seguir haciendo de este tráfico, una fuente inmensa de negocio y con un riesgo penal mínimo.

(Imagen: Fotograma «Ciudadano Kane», Orson Welles, 1941)