Eduardo Pastor Martínez

Magistrado

Artículo publicado en Las Provincias el 8 de noviembre de 2023

La madrugada del 1 de octubre de 2017 me alcanzó preparando una mochila repleta de tortillas, fruta y café. Mi esposa había sido movilizada para permanecer durante la jornada en su fiscalía de área en el cinturón industrial de Barcelona. Las instrucciones eran las de eludir cualquier boicot de acceso y prepararse para un posible bloqueo posterior de la sede, tal y como había ocurrido durante los registros practicados en la Conselleria d’Economia, con la incertidumbre agravada de la respuesta del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al que incumbía su custodia. El Tribunal Constitucional ya había apreciado, entre otras, la inconstitucionalidad radical de la ley autonómica de transitoriedad que preveía la sumisión de jueces y fiscales a Carles Puigdemont tras la celebración del referéndum de autodeterminación. Ella marchó a cumplir con su obligación antes del amanecer. Yo permanecí junto a nuestros hijos en nuestro domicilio, contemplando la actuación proporcionada de la policía estatal. En la calle o desde las ventanas, la mitad del barrio verbalizaba su ira contra los agentes que intervenían por orden judicial, en actitud de abierta insurrección. Ese día, como culmen de un proceso revolucionario en la forma en la que eso puede hoy hacerse en Occidente, se violentaron la Constitución, el Estatut, el reglamento del Parlament y, acaso irremediablemente, la convivencia entre catalanes. Y se destinaron fondos públicos a tal empeño. Mi familia abandonó Cataluña un año más tarde.

La ensoñación por la independencia, tal y como fue calificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resultó vencida por la inmediata respuesta judicial y el liderazgo del Rey. El resto de los poderes del Estado hurtaron cualquier tipo de correctivo persistente, solo la aplicación tardía y breve del artículo 155 de la Constitución, incrementado así lo que se calificaría como judicialización de la política catalana. Los jueces se convertían en responsables de un dolor innecesario para Cataluña mediante la aplicación beligerante de una Ley cuestionable. La omisión del resto de los poderes del Estado ubicó a los jueces en una posición terriblemente expuesta. Las disputas por el control político del CGPJ abocaron al órgano a una situación de interinidad todavía no resuelta. El Poder Judicial quedaba institucionalmente debilitado y comprometido en su credibilidad, de forma ventajosa para quienes encontraron en la labor de los jueces su único obstáculo: los jueces impedían la justicia y estabilidad en el país.

Ahora que ha sido finalmente anunciada la investidura condicionada del presidente del Gobierno en funciones a la concesión de una amnistía por aquellos hechos, los anteriores y los posteriores, se acrecienta ese conflicto de poderes. Las instituciones jurídicas no solo plantean problemas de legalidad, sino de oportunidad en su aplicación. A diferencia del indulto, que encuentra una previsión constitucional que limita los de carácter general y que supone la concesión de una gracia posterior a la normal aplicación de la Ley por nuestros jueces, la amnistía es un nítido acto de interferencia en la separación de poderes que les priva del ejercicio normal de sus funciones, al tiempo que tensiona los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica. Por eso es dudoso que la amnistía sea constitucional y en nuestro acervo ha quedado limitada a situaciones de excepción que o bien se corresponden con la superación de un régimen totalitario y el afán de reconciliación, o bien frente a normas concretas respecto de las que existe un consenso amplio sobre su sobrevenida injusticia. Al desplazar su concesión al poder legislativo, otra diferencia frente al indulto, se impide la fiscalización por la jurisdicción contenciosa de un acto que parte instrumentalmente del ejecutivo, pues de lo que se trata ahora es de garantizar un nuevo Gobierno. Lo único que podrán hacer nuestros jueces es preguntar sobre la admisibilidad de la norma a un Tribunal Constitucional sometido a un descrédito todavía más intenso. También al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero España es una democracia plena y en nuestro país no existe una convicción social extendida sobre la necesidad de amnistiar. La amnistía puede ser constitucional, pero no parece oportuna. Nadie puede escandalizarse ante la afirmación de que su concesión no responde a un propósito de reconciliación de la que los futuros amnistiados no hablan, sino de ratificación de sus posiciones extremadas sobre el carácter ilegítimo de la respuesta del Estado durante aquellos días, que se ha impuesto al candidato a la investidura como contraprestación para lograrla. Lo peor llegará en Cataluña. Porque la amnistía también significará que Cataluña solo serán los amnistiados y no el resto.

Lamentablemente esta época es la de los desentendidos de la Constitución y serán muchos los ciudadanos que contemplarán esta situación como una escena más de una vida política caricaturizada, donde nada debe tomarse en serio. Ignoran la fragilidad de los avances conseguidos en la primera y única etapa auténticamente democrática de nuestro país gracias a la utilidad política, social y económica de la Constitución. Es la indiferencia de quienes se sienten a salvo de los efectos de la amnistía.

Este es un eslabón más en la espiral incierta de una deriva torpemente empeñada en romper los consensos más elementales de la Transición y cuestionar su legitimidad, basada en el respeto al pluralismo político, la colaboración leal entre los partidos mayoritarios, la asunción como propias de una parte de las necesidades de los demás, la seriedad de las instituciones, la contención de los poderes públicos al principio de legalidad, el reconocimiento de la singularidad territorial y el afán compartido de paz, prosperidad e igualdad. De la decisión política de amnistiar tendrán que hacerse responsables sus promotores, a quienes les incumbe demostrar su constitucionalidad y oportunidad. Pero un modesto compromiso y esfuerzo individuales pueden transformar la vida de todos. Debe entonces combatirse la apatía ante el punto de encrucijada para nuestro sistema de convivencia al que esa decisión aboca. Los españoles deben informarse y expresarse. Porque el Derecho parte del deber social de proteger las cosas que son de todos.

(Imagen: Cesto con frutas, Caravaggio, 1596, Pinacoteca Ambrosiana, Milán)