«Estoy segura que, por lo menos una vez al año, los jueces se enfrentan a situaciones donde la víctima, el testigo o la parte no pueden acudir presencialmente al Juzgado por residir en otro país, pero sí están dispuestos a prestar declaración. A pesar de que la Unión Europea y nuestros legisladores han hecho una labor estupenda para regular la práctica de este tipo de pruebas en materia Civil y Penal, proporcionando herramientas fantásticas a través de la Red Judicial Europea y el Prontuario Judicial, en la práctica, me sigo encontrando con silencios, negativas u obstáculos constantes, es un veto invisible».