La caducidad del proceso de renovación del CGPJ
Emilio Lamo de Espinosa
Pablo Baró
Magistrados
Artículo publicado en El Correo el 2 de mayo de 2024
En verano del 2018 empezó la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha llovido mucho desde entonces y lejos de alcanzar el objetivo pretendido las posiciones parecen más irreconciliables que nunca. Un análisis riguroso y en profundidad de cualquier conflicto exige efectuar un trabajo previo de identificación de hechos y datos. Entre esos hechos y datos, existen algunos que tienen una relevancia y significación especiales, lo que los sociólogos conocen como ”analizador”. Momentos que considerados individualmente pudieran parecer anecdóticos pero que estudiados en conjunto dibujan un panorama más complejo. Y la Justicia no es ajena a estos “analizadores”.
Hemos visto renunciar a un presidente del CGPJ, jubilarse a otro y – si cumple su promesa – este verano asistiremos a la renuncia de un tercero. Hemos visto varios intentos frustrados de renovación con diversas excusas: filtración de mensajes, elecciones, indultos, elecciones, derogación de delitos, elecciones, amnistías, más elecciones… Hemos visto jubilarse a centenares de magistrados. Hemos visto ingresar a otros tantos. Hemos visto cómo “inhabilitaban” al CGPJ para seguir ejerciendo sus funciones. Hemos visto cómo lo “rehabilitaban” para nombrar exclusivamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Hemos visto mediar a Europa en el proceso de renovación. Hemos visto engordar el número de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia pendientes. Hemos visto aumentar la pendencia de recursos de casación. Lo hemos visto, lo vemos y, desgraciadamente, lo que no sabemos si alcanzaremos a ver, al menos a corto plazo, es una solución a este proceso de renovación.
Quizás el problema se encuentre en que estamos empeñados en que la resolución sea exitosa y no nos estemos dando cuenta de que es posible que estemos en una vía muerta. Deberíamos buscar una salida digna. Por respeto a la ciudadanía, por responsabilidad política y por la imagen y buen funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y cómo lo resolvemos? La respuesta es sencilla. Asumiendo que el actual proceso de renovación está agotado, que ya no sirve y que tenemos que empezar de nuevo al haber caducado.
Continuar con el actual proceso no es razonable por diversos motivos. En más de cinco años han cambiado muchas cosas, también los propios candidatos. Así ha sucedido que algunos de ellos han renunciado por diversos motivos, pero también hay otros que se han jubilado, algunos han variado de aspiraciones o, incluso, de puesto de trabajo. Pero es que, además, han cambiado varios de los jueces a los que el CGPJ debe gobernar. Desde que se inició el proceso de renovación, han sido 638 jueces de cinco promociones distintas de jueces y 44 magistrados del cuarto turno los que han ingresado en los últimos años en la carrera judicial, Aproximadamente, el 1o% de los que integramos la carrera judicial. Lo sensato es que, de una manera u otra, todos esos jueces pudieran participar en un nuevo procedimiento de renovación. Algo tendrán que decir. A todo ello, los candidatos actuales no se verían afectados por los efectos de la caducidad, ya que sus méritos se han incrementado por el transcurso del tiempo, lo que conlleva una mayor experiencia.
No se puede obviar tampoco la propia inoperancia negociadora de nuestros parlamentarios para llegar a un acuerdo. Lo que hace ya mucho tiempo alertó el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, de 29 julio, el riesgo de reparto político de los puestos a cubrir, no es solo que hace tiempo que cristalizara, es que hemos visto – en general –un grosero manoseo del CGPJ en todo lo que se ha podido y que desgraciadamente ha terminado en un colapso del sistema. La partitocracia elevada al grado del intervencionismo con efecto de bloqueo de un órgano constitucional del Estado. Mayor dislate no es asumible.
Y dejamos para el final lo que ha sido poco debatido hasta ahora, las razones normativas que nos llevan a concluir que este proceso, además de viciado, está legalmente caducado. El procedimiento se ha seguido en cuatro legislaturas distintas (XII, XIII, XIV y XV) y si observamos lo que dice el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados (en idénticos términos, la Disposición Adicional Primera del Reglamento del Senado) se entenderá perfectamente por qué el proceso actual no debe continuar: «Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente». Desde luego que entre las competencias de la Diputación Permanente (art. 78.2 CE) no está la de renovar el CGPJ, por lo que habría que preguntarse cuántas veces deben disolverse las Cortes para que se entienda caducado este proceso de renovación.
Finalmente, nos gustaría recordar el contenido del artículo 578.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «En la designación de los Vocales del turno judicial, las Cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de Jueces y Magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas Asociaciones judiciales». Más de cinco años después, la composición judicial ha cambiado y un proceso que deja completamente al margen a 682 jueces y magistrados, nunca podrá ser representativo de la carrera cuando representan a más de un 10 % del total.
Así pues, asumamos el fracaso de estos andamios y volvamos de nuevo a empezar, aunque debemos hacerlo con nuevas herramientas, dado que las viejas se han demostrado inútiles. Es cierto que el proceso que está caducado, pero también lo es que el sistema está agotado. Busquemos alternativas. Y ese es un trabajo en que los jueces en general y las asociaciones judiciales en particular tenemos mucho que decir proponiendo alternativas. No podemos permitirnos el lujo de volver a esta parálisis de gobierno judicial. Podremos volver a la casilla de salida, pero si no cambiamos las reglas de juego, inevitablemente volveremos a los mismos vicios de siempre. ¿Hace falta enumerarlos?
(Imagen: El soñador (las ruinas de Oybin), de Caspar David Friedrich, Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia)
La clave judicial 