El Sr. Rafael Catalá nos ha contado hoy que uno de los Magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, ese que es discrepante respecto del sentir mayoritario de la Sala que ha resuelto recientemente el caso de “La Manada”, tiene algún tipo de “problema singular”, en una clara alusión a alguna suerte de patología mental que habría influido en su desempeño profesional. También, que esa circunstancia era generalmente conocida antes del fallo de la Sala y que evidencia la desidia de los órganos de gobierno del Poder Judicial, que no habrían actuado a tiempo para retirarle del ejercicio de la función jurisdiccional.

Estas afirmaciones se enmarcan en el contexto de la controversia que ha suscitado el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Navarra y que ha motivado la reacción de muchos representantes públicos, en una ola de declaraciones de intensa reprobación de lo resuelto por el Tribunal. Sin ir más lejos, la Sra. Margarita Robles aludió a la necesidad de establecer “medidas de seguimiento” para evitar el pronunciamiento de resoluciones como la conocida la pasada semana. Y, al calor de las declaraciones de hoy del Sr. Rafael Catalá, ha querido apostillar que este “sabe lo que dice”.

Toda esa controversia es indeseable pues, en la medida en que va mucho más allá de la mera crítica formal y material de una resolución judicial, supone una nítida intromisión en el ejercicio independiente de la función de los Magistrados que deben resolver ese caso. Porque el caso no está definitivamente juzgado, dado que otros jueces tendrán que valorar lo resuelto en un clima demasiado viciado para el desarrollo prudente y objetivo de su función. En cualquier caso, ninguna de esas declaraciones es sorprendente, porque comparten el tono con el que hoy en día los líderes políticos tratan de interpelar a una gran masa de ciudadanos, desafectos con su gestión y descreídos del sistema que representan, recurriendo a un discurso emocional y deformado, donde poco importan la objetividad y sensatez de lo que se dice. En menor medida puede decirse que se trata de intervenciones públicas guiadas por un ánimo honesto, pues muy pocas veces suponen una verdadera instrucción para los ciudadanos, puesto que no persiguen inspirar en ellos la necesidad de formar una opinión crítica sobre el tema de que se trate y a partir de información veraz, que desde luego no se les proporciona. Para confirmar ese diagnóstico, basta con medir las reacciones con las que, sin el más mínimo rigor y reflexión, unos y otros responsables políticos se despachan a diario a través de las redes sociales, sobre los temas más variados y de gran trascendencia política, económica, social o cultural. Todas estas afirmaciones pueden hacerse, sin especiales reservas, en este caso: ahora también es el momento para la posverdad judicial.

Lo que es más preocupante es que esas afirmaciones las realicen el Sr. Catalá y la Sra. Robles. Porque, en efecto, cuando las declaraciones de este tipo parten desde la atalaya que ambos ocupan, a nadie le pueden restar dudas sobre las razones que las motivan. Ambos evidencian “problemas particulares” y nos queda bien claro que “saben lo que dicen” o, al menos, eso creemos.

Porque el Sr. Catalá es Ministro de Justicia y ha sido incapaz durante los últimos años -más bien no ha mostrado la más mínima voluntad- de sugerir, al menos, las bases para la reforma judicial que precisa España. Por el contrario, forma parte de un Gobierno inoperante, lastrado por barros viejos y no tan viejos, que se muestra incapaz de afrontar -no ya de resolver- el mayor desafío que ha atravesado este país desde su Transición: el proceso secesionista catalán. Eso último mientras se esconde tras la toga, precisamente, de un juez del Supremo. Por todo eso las declaraciones del Sr. Catalá son especialmente inoportunas e irresponsables: fomentan la desconfianza en las instituciones y en el Poder Judicial, a quien le atañe proveer todo lo que el Ministro y su Gobierno desatienden en la hora más difícil de España. Quien sabe si traen causa de algún desaire reciente: las movilizaciones de una parte de la carrera judicial en reclamación de aumentos salariales. Nosotros nunca hemos apoyado esas reivindicaciones, entre otras cosas por la fragilidad del prestigio público de los jueces: hace falta muy poco para destruirlo y, sin prestigio, posición y relato, ningún derecho profesional se verá nunca reconocido.

Y, también, porque la Sra. Robles es la Portavoz del Grupo Parlamentario socialista y asume, de facto, el rol parlamentario de jefa de la oposición. Porque también ha intervenido recientemente como Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, que nada útil procuró excepto su instrumentalización para el desgaste del Gobierno, lo que se resolvió curiosamente mediante la reprobación parlamentaria del Ministro Sr. Catalá, hito de esta clase que se dio por primera vez para nuestra democracia. En fin, todo ese itinerario institucional al que la Sra. Robles optó en detrimento de su condición de Magistrada del TS, como resolvió el órgano de gobierno frente al que dirige ahora sus reproches, que a buen seguro engendrarán el efecto, acaso indeseado, de denostarlo para el imaginario de los ciudadanos.

No se trata de si la sentencia de la Audiencia Provincial merece el aplauso o la censura técnicas: no se habla de ella en esos términos. Es posible que se trate de una decisión equivocada y que sea enmendada, en todo o en parte, por los órganos superiores que la revisarán. Pero no son los jueces. Es, en definitiva, la incapacidad del Sr. Catalá y de la Sra. Robles para articular la reforma judicial que el país precisa y para frenar el desgaste de sus partidos frente a otros emergentes lo que inspira sus reacciones. Acaso la víctima de ese execrable delito -y decimos execrable delito porque, en esos términos, ha sido pronunciada una durísima condena- no haya recibido el trato que, en justicia, le hubiera debido corresponder. Eso sería muy lamentable, pero, de ser esa la situación, encontrará una vía de corrección a través del derecho y de la respuesta de los jueces. Sin embargo, de lo que podemos estar seguros es de que los miembros del Poder Judicial y los ciudadanos nos merecemos algo más de quienes son los principales actores de la política judicial en España.

Desde aquí, porque conocemos nuestras obligaciones y no renunciamos a ellas, exigimos a esos responsables políticos que estén prontos a asumir las suyas. También queremos recordarles a nuestros lectores que, alejados del ruido y de las declaraciones sesgadas e interesadas como las de Catalá y Robles, les incumbe procurarse de elementos de juicio suficientes para conformar una opinión sólida sobre este caso. Pueden empezar por aquí.

(Fotografía: «Comparecencia en el Congreso», La Vanguardia, 6/4/17)