Hace algunas semanas se dio a conocer (aquí) la creación en Cataluña de una nueva asociación judicial, Ágora Judicial, que se dice nacida para, entre otros fines de tan elevada naturaleza como de exquisita formulación, luchar contra la restricción de los derechos fundamentales en nuestro país. En el tintero, el catalán acento de los fundadores, críticos contra lo que consideran la judicialización de la política (aquí), extremo que solo puede referirse, en su contexto histórico y geográfico más inmediato, a la judicialización del procés para la secesión unilateral de Cataluña. También en otra parte, la procedencia de algunos de sus miembros: una escisión catalana de la asociación judicial Jueces y Juezas para la Democracia (JJD). Ellos y ellas abandonaron su asociación cuando se sumó a la condena del referéndum ilegal del 1-O (aquí, aquí y aquí). Hablaré ahora de todo esto. Pero, al igual que estos jueces y juezas, llegaré primero hasta otra parte para procurarme algo de equipaje.

En la tesis doctoral de Íñigo Errejón (aquí) puede encontrarse una propuesta para la conquista de la hegemonía política a través de la “construcción discursiva de identidades”. El trabajo es vasto y complejo, la autoproducción universitaria no supone una lectura apta para profanos y yo no la he abordado, no lo he pretendido, con el afán de asimilarla en su acusada profundidad, entre otras cosas porque no hubiera sido capaz de hacerlo. Pero, eludiendo los abundantes análisis laterales y escapando de las trampas de la polidocumentación, esa manera de construir un texto docente dando continuamente en la exégesis de las previas aportaciones de otros, he logrado asimilar algunas de sus fórmulas para explicar los caminos hacia el poder, que es lo que allí pretende describir el autor. No he logrado escabullirme de la ralea de cultismos, neologismos, eufemismos y demás aportaciones que por allí pasean. Todo eso que solo sirve para explicar, en realidad, algunas de las asunciones ideológicas del autor. Todo eso que me ha alejado de entender más y mejor su estudio. Errejón intenta, desde la constatación empírica del proceso político boliviano que culminó en la presidencia de Evo Morales, la formulación de hipótesis para alcanzar la hegemonía política a través del discurso ideológico o, mejor dicho, la construcción o caracterización ideológica de ese discurso, de modo que se torne en una herramienta que permita la persuasión del pueblo contra el que pretenda utilizarse. La fórmula “arrojadiza” de la última preposición -contra- no corresponde, evidentemente, al autor, sino que es mía y, ciertamente, también revela una previa asunción ideológica particular sobre la finalidad y valor de la tesis. Pero, en definitiva, ese es mi corolario sobre sus aportaciones. Que el discurso debe preceder, como instrumento, a la convicción: primero es el diseño políticamente apto para construir la hegemonía social que ha de conducir al poder. Puede que sea un exceso y deba concederle, sin embargo, que lo que se trate de conducir hasta el poder sean esas convicciones. Pero, en su formulación, me parece que las convicciones bien parecen desatenderse en una espiral de tacticismo, más útil, que decididamente encuentra su origen en la instrumentalización de las frustraciones de los ciudadanos.

Quiero escribir sobre la capacidad de seducción de un léxico escogido y deformado que, si puede emplearse para alcanzar el poder, bien permitirá ver satisfechas conquistas más modestas. Sí, todo esto a propósito de la creación de una asociación de jueces. Lo haré desde cinco pasajes de su obra, los dos primeros que se dan en la introducción del trabajo, otros dos en el nudo del análisis sobre la pérdida del poder liberal y el ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y, por fin, un fragmento rescatado de entre sus conclusiones. Vamos allá.

“Desde un interés específico por la construcción de hegemonía por parte del MAS, si bien no particularmente centrado en el discurso como práctica de producción de significado político, tanto Postero como Kohl coinciden en señalar la confluencia de nacionalismo popular y movilización de la identidad indígena como el rasgo ideológico definitorio del MAS. En el caso de Benjamin Kohl (…) coincide con esta investigación al señalar que ha sido en la primera legislatura de Morales como Presidente, y fundamentalmente a través del conflicto regional, cuando se ha consolidado un poder político estable que no duda en calificar de hegemónico”. (p. 85)

Quien pretende culminar la escalera del poder debe comenzar por identificar, de manera pausada y concreta, dónde residen las aspiraciones e intereses de los ciudadanos, sus anhelos más íntimos. Responder a los interrogantes sobre lo que quieren explica lo que son. Esto no es una empresa sencilla, porque esas claves elementales, las que son capaces de removernos, se encuentran escondidas debajo de muchas libras de piel y huesos. Un estímulo sobre lo superficial puede seducir brevemente, pero nunca será capaz de construir una convicción estable, previsible y duradera. La sociedad es demasiado compleja. La mayor parte de nosotros solo somos capaces de «sacar lo que llevamos dentro» en las situaciones de apasionamiento. Las virtudes y los defectos solo se prueban, en una medida profunda y real, en esos momentos de conflicto con uno mismo o con los demás. Entonces, quien pretenda conocernos con el afán de comprendernos, debe ahondar o incluso provocar esas situaciones de conflicto para que entonces mostremos lo que somos. Apelar a los enfrentamientos, a la contraposición de intereses o de grupos. Para eso, nada más útil que azuzar nuestra peor naturaleza, los miedos y egoísmos. Cosechar, después, esa abundante siembra.

“Por esta razón, para que un grupo social se vuelva hegemónico, debe ser capaz de trascender una perspectiva corporativista, y presentar su particularidad como la encarnación de ese significante vacío que refiere a la universalidad ausente (Laclau) Como decía Gramsci, presentarse como el que persigue y hace avanzar efectivamente objetivos generales compartidos por una mayoría de la sociedad”. (p. 180)

Primero son la observación pausada del grupo y la necesidad de detectar el origen de su malestar. Pero, después, debe hacerse de todo eso algo más trascendente y útil. Desde la marginalidad, que es el espacio gris y vacío donde cualquier organismo aboca lo que no atiende, no puede construirse una identidad común. La crítica vacía de un sistema de poder no permite quebrar sus ejes, porque su inercia es demasiado poderosa, repele cualquier mero atisbo de contradicción. Pero si se teje, entre todos los que se encuentran en conflicto con el sistema, una personalidad común, las cosas pueden cambiar. Es necesario ahondar en sus afinidades o construirlas artificialmente: se necesitan conceptos grandes, aglutinadores, que sirvan para construir un grupo de individuos que se reconozcan recíprocamente en la angustia de los otros. Cuanto más elevados sean esos conceptos, más fácilmente resultarán asumidos de forma homogénea por los miembros de ese nuevo grupo, de modo que a su vez se excluyen la réplica o el pensamiento crítico dentro del propio grupo de oposición al sistema.

“El MAS llegaba entonces al poder político de un contexto que se ha definido como “Crisis de Estado”, tanto por la carencia de legitimidad y capacidad de regulación social de las estructuras políticas nacionales, como por la irresolución de un conflicto por el poder político entre el bloque político emergente y las élites tradicionales, cuya pérdida del gobierno nacional no significaba ni mucho menos su relevo histórico”. (p. 400)

Pero, de nuevo, es necesario hacer algo todavía más útil para que esa identidad construida sea compartida. Debe ponerse al servicio de algo. Debe ser dinámica. Debe intervenir como un motor para la colonización social: las identidades hasta ahora conocidas deben ser sustituidas por ella, pues su vocación es universal y omnímoda.  Es una identidad de carácter moral y es excluyente. Debe intervenir, después, como un motor para el cambio político: el sistema político solo puede ser la expresión de la identidad de la gran mayoría o será ilegítimo.

“Así pues, el discurso del Movimiento Al Socialismo está basado en esta profunda dislocación de los discursos que habían ordenado la vida política boliviana por medio siglo, en particular por el hundimiento del “sentido común neoliberal” (Prada)”. (p. 428)

Hasta aquí, todo nos debe recordar lo que está en juego desde Cataluña -no en Cataluña- y lo imprevisible del desenlace de esta situación. El pulso para la secesión unilateral de Cataluña no lo es solamente para la quiebra de una norma, la Constitución, que hasta ahora ha ordenado la vida en sociedad, pero que puede ser sustituida o incluso adaptarse sin que su significante pierda significado. En su diseño, el proceso independentista persigue, precisamente, la quiebra de un modelo ideológico, que se quiere ver sustituido desde las zonas marginales del sistema al que se ha dado lugar en España durante los últimos cuarenta años. Se trata, sin ambages, de romper con los vínculos que asimilan la democracia española al resto de las de su entorno: superar la fórmula de estado de la que se ha dotado la civilización occidental durante las últimas décadas, decididamente transfronteriza e idológicamente plural, para imponer la regresión a un modelo constitucional atávico, endógeno, de aislamiento para la exaltación de una sola identidad social. Por todo ello, en Cataluña no se ha desarrollado tanto una persecución de lo español como una depuración de las impurezas de la pretendida como única identidad catalana posible: quien reivindicaba el regionalismo moderado, el seny, el pacto. Buenos y malos catalanes, lo que significa ser catalán, la única manera de ser un patriota.

“El enfoque de la hegemonía se ha revelado a lo largo de esta investigación como una vía de acceso privilegiado a los fenómenos de construcción de poder político en sociedades complejas. Se trata de una perspectiva que permite entender de forma global las dinámicas contenciosas y de negociación como parte de una misma lógica de competición política. Esto es cierto para las sociedades inmersas en procesos conflictivos de cambio político, pero también puede ser empleado para analizar las formas de acceso al poder político en sociedades caracterizadas por amplios y robustos consensos sistémicos, precisamente a través del estudio de los marcos discursivos que producen, reproducen y transforman dichos consensos, privilegiando determinados intereses, demandas y agendas, y aislando o relegando a un segundo plano a otros”. (p. 582)

La lucha por el poder es la de la conquista del lenguaje. Con el lenguaje, uno se apropia de los conceptos vertebradores, en la medida en que los dota o priva de uno u otro sentido. Con las palabras, si se emplean de forma medida y persistente, se pueden crear nuevas identidades, hasta el punto de desplazar de sus ejes los elementos nucleares de un sistema político. Cuando eso sucede, la conquista del espacio político quizá muestra su faceta más evidente, porque comienza a articularse a través de demandas y propuestas concretas. Pero esa faceta no es la más importante: en realidad, la conquista de la política ya se ha producido. Entonces basta con cosechar los frutos.

Ágora Judicial apenas cuenta, eso creo, con una veintena de miembros. Pero ya ha sido presentada ante la sociedad catalana, de forma interesada por quien así lo ha hecho, como un altavoz de incuestionable autoridad moral -la toga es lo sacramental- que recela de la solidez de los cimientos que son más esenciales para nuestro sistema de convivencia (aquí o aquí). Su primeros mensajes son nítidos: someten a cuestión el extremo elemental de que la dignidad de la persona humana sea, verdadera y materialmente, el eje central de nuestra democracia, también que en nuestro país el ejercicio de la función jurisdiccional esté depurado de prejuicios ideológicos o políticos. Lo hacen así cuando afirman que los derechos fundamentales o algunas libertades civiles se encuentran amenazadas entre nosotros. También cuando insinúan que las actuaciones jurisdiccionales que se siguen contra los autores del intento de secesión unilateral de Cataluña suponen una extralimitación de los fines posibles para el Poder Judicial, de modo que la judicatura está operando sobre asuntos que no deberían trascender del plano político o ideológico. Esos mensajes cohonestan  con los que, con más insistencia, han tratado de hacer calar ante la ciudadanía los partidarios de la independencia unilateral de Cataluña, para justificar su quiebra de la legalidad y la ruptura de la convivencia. Dicen que su propuesta es la única que dota de plenitud y sentido a la democracia. Que España y su Constitución son, por el contrario, su negación. Que existe una clara contraposición entre el dictado del derecho español y otro supranacional de raigambre iusnaturalista y que el primero desconoce, cuando no cercena de manera totalitaria. Que el Estado pisotea derechos o que los Tribunales españoles son meras instancias dependientes del partido del Gobierno. No existe una asunción explícita de esos mensajes por parte de Ágora Judicial, pero sí una evidente yuxtaposición respecto de los que produce y difunde.

Los independentistas quieren convencernos de todo eso que he dicho antes. «Esto va de democracia», mascullan hasta el paroxismo. Para lograrlo van a explotar una de nuestras convicciones sociales más íntimas: sabemos que nuestro sistema solo vale si vale para la salvaguarda de nuestros derechos. También otra de nuestras aspiraciones más extendidas: pretendemos un Estado todavía más moderno y más perfecto. Ellos quieren presentarse como la evolución lógica de un sistema, el nuestro, que debe ser sometido a una profunda revisión. El independentismo no solo aglutina a los que andan presos de una ensoñación nacional romántica. También a todos los que se declaran, abiertamente, enemigos de nuestro sistema de convivencia. Por eso explotan nuestra desconfianza en nuestras propias instituciones democráticas, acusada durante la última década de crisis económica profunda y de falta de ejemplaridad de tantos responsables públicos. Esto también afecta a los jueces (aquí). Los independentistas han leído a Gramsci, Laclau o Errejón. Construir identidades, aglutinar a los marginados por el sistema, utilizarlos después. Buenos y malos demócratas, lo que significa ser demócrata, la única manera de involucrarse en la defensa de la democracia. Nada de lo que ha sucedido durante los últimos años en Cataluña, el gran laboratorio actual para la sociología política, ha sido improvisado. Ellos tienen un plan, tienen un empeño férreo para desarrollarlo y cuentan con medios nada despreciables para su ejecución: nuestras contradicciones y titubeos. Por mucho que durante los últimos meses hayan degenerado, al menos aparentemente, el vigor y audacia independentistas, el desafío que suponen para la manera en que un día decidimos vivir juntos proseguirá durante mucho tiempo.

¿Es esta nueva asociación de jueces un mero instrumento al servicio de los partidarios de la independencia catalana? No puedo responder a esa pregunta, no daré pábulo a acusaciones que solo resultarían infundadas, pues esos vínculos no están acreditados y en este blog se han dado muestras suficientes sobre el escrupuloso respeto que merece la independencia judicial (aquí o aquí), que también se proyecta sobre las libertades de ideología, expresión y asociación que la Constitución reconoce a todos los jueces. Pero sí afirmo que su voz entraña el grave peligro de confundir a la ciudadanía en un momento en el que, de forma indispensable, se le debe trasladar un mensaje muy claro de confianza en sus instituciones. Eso hizo el Jefe del Estado durante su alocución televisada del pasado mes de octubre y, qué cosa, la justicia solo se puede ejercer en su nombre. De los Juzgados y Tribunales españoles se puede esperar Ley, ni más ni menos. Y se trata de una Ley legítima, puesto que es profundamente democrática. Porque emana de la soberanía nacional, porque supera los estándares de nuestra civilización occidental en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos, porque es solvente en su formulación técnica y porque se encuentra plenamente fiscalizada en su interpretación y aplicación prácticas, que atañe a jueces  y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos solamente al imperio de esa Ley.

Pero la independencia de los jueces tiene un límite fundamental: no negarse a sí misma. Resulta dudoso que la libertad de asociación judicial pueda ser invocada por quien quiera trasladar un mensaje distinto, siquiera matizado, acerca de todo lo que he escrito antes. Por el contrario, es evidente que estos jueces y juezas partidarios de no judicializar la política han asumido, cuanto menos, el riesgo de ubicarse en una posición en la que bien pueden ser utilizados por aquellos que pretenden politizar la justicia para destruir ambas, al menos, tal y como las conocemos. A las autoridades públicas les atañe poner a salvo esas dos cosas, la política y la justicia. Por eso considero que los órganos de gobierno del Poder Judicial y la Asociación Profesional de la Magistratura tienen la responsabilidad de rebatir, intensamente, el dudoso mensaje de Ágora Judicial, mientras  desde aquí solo deseo para sus miembros que se concedan el tiempo necesario para una profunda reflexión sobre la compatibilidad de sus intervenciones públicas con la condición de miembros del Poder Judicial español. A mí me resulta harto difícil concebir siquiera como idealmente posible ese equilibrio y considero que Ágora Judicial no ha dado, hasta la fecha, ningún buen ejemplo que sea capaz de desvanecer mi fundado escepticismo sobre la veracidad de su ideario y mi consecuente desconfianza sobre la honestidad de sus propuestas.

(Imagen: B. Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa, Piazza della Signoria, Florencia)